Una comisión analizará las fórmulas jurídicas para contratar a los operadores de sala

A. GÓMEZ

Una comisión analizará las posibilidades jurídicas de contratar a los once operadores de sala que finalizaron su relación laboral con el Ayuntamiento de Benalmádena en noviembre. Estos trabajadores, encargados de atender las llamadas de urgencias a la Policía Local y los Bomberos, desempeñaron sus funciones como funcionarios internos adscritos a un programa temporal. Aunque la ley no permite encadenar contratos públicos durante más de tres años, el pleno aprobó ayer la creación de una comisión para «buscar una salida viable a su situación».

Gobierno y oposición acordaron ayer dejar en el cajón las mociones que llevaban relativas a esta contratación y optaron por que una comisión especial aprobada por unanimidad valore los diversos informes municipales y externos elaborados al respecto. La intención del Ayuntamiento pasa por incorporar en estructura las plazas que ocupaban estos once trabajadores mediante una convocatoria pública de libre concurrencia con la voluntad de que, mientras se concreta este procedimiento, Personal contrate de forma temporal a los operadores.

Informes

Hasta ahora, los informes solicitados a un despacho de abogados, la jefa de Personal, la asesoría jurídica municipal, el interventor y el secretario general han arrojado conclusiones similares: los operadores de sala no pueden ser renovados por la ley de racionalización de la administración pública y su contratación vulneraría los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben regir los procedimientos de provisión de puestos para los funcionarios públicos.

Un informe externo llega a determinar que la continuidad de estos trabajadores podría llevar aparejada «responsabilidades administrativas, contables y penales» y especifica que «cualquier modalidad de contratación laboral, además de resultar contraria al dato normativo de que el servicio ha de ser prestado por funcionarios públicos, constituiría un fraude de ley». Ahora el Consistorio, tras otro informe externo presentado por la oposición, valorará todas las alternativas.

Comisiones Obreras convocó ayer una concentración junto al Ayuntamiento para protestar «por los despidos y por la merma del servicio de urgencias». También los Bomberos han denunciado públicamente la necesidad de contratar a más conductores para ampliar una plantilla que solo cuenta con 23 trabajadores.

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