Cinco informes ponen en jaque la contratación de los operadores de sala de Benalmádena

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Hasta cinco informes diferentes ponen en jaque la contratación de los once operadores de sala cuya relación laboral con el Ayuntamiento de Benalmádena finalizó en noviembre. Estos extrabajadores municipales, responsables de atender las llamadas de urgencias a Bomberos y Policía Local, pertenecían a un programa de carácter temporal que concluyó a finales del año pasado. Respaldados por Comisiones Obreras, los empleados solicitaron su contratación en el pleno de febrero, una situación que generó un nuevo cruce de acusaciones entre la coalición de Gobierno presidida por el PSOE y la oposición, que acusa al alcalde, Víctor Navas, de «falta de voluntad política». El regidor respondió lamentando «que se haga política con un tema tan sensible» y pasó la pelota a todos los grupos municipales anunciando una sesión extraordinaria para votar la contratación de estos once operadores.

El asunto será abordado en el pleno ordinario que tendrá lugar el jueves. La oposición había reclamado un informe jurídico externo que valorase las posibilidades legales de contratación. Hasta ahora, los informes solicitados a un despacho de abogados, la jefa de Personal, la asesoría jurídica municipal, el interventor y el secretario general han arrojado conclusiones similares: los operadores de sala no pueden ser renovados por la ley de racionalización de la administración pública y su contratación vulneraría los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben regir los procedimientos de provisión de puestos para los funcionarios públicos.

El informe externo determina que la continuidad de estos trabajadores podría llevar aparejada «responsabilidades administrativas, contables y penales» y especifica que «cualquier modalidad de contratación laboral, además de resultar contraria al dato normativo de que el servicio ha de ser prestado por funcionarios públicos, constituiría un fraude de ley». El Ayuntamiento prevé lanzar una oferta pública de empleo a la que los exoperadores podrán presentarse.

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