Benalmádena traslada a la Fiscalía los sobrecostes en obras públicas de Puerto Marina

El Ayuntamiento ya ha trasladado a la Fiscalía la situación de Puerto Marina.
El Ayuntamiento ya ha trasladado a la Fiscalía la situación de Puerto Marina. / Alberto Gómez

El Ayuntamiento presenta un escrito de acusación después de que un informe revelara excesos de un millón de euros en catorce contratos

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

El Ayuntamiento de Benalmádena anunció ayer que ha presentado ante la Fiscalía un escrito de acusación por sobrecostes por valor de más de un millón de euros en obras públicas en Puerto Marina entre 2011 y 2015. El alcalde, Víctor Navas, asegura que la auditoría interna de la empresa municipal «está cercana a su fin» después de dos años y anuncia nuevos controles económicos en el resto de sociedades públicas. De la auditoría en el Puerto se desprenden «excesos» en catorce obras adjudicadas a un reducido grupo de empresarios vinculados a Unión Centro Benalmádena (UCB), la formación local que fue llave de gobierno y gestionó el recinto portuario en la anterior legislatura.

Navas justifica que la auditoría se haya prolongado durante dos años por la necesidad de «recabar todas las pruebas y reconstruir los hechos» para presentarlos ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Torremolinos, que lleva el caso: «Hay que entender que solo contábamos con indicios y algunos documentos y que toda la gestión que realizaron estuvo revestida de aparente legalidad». El supuesto entramado, compuesto por numerosas sociedades, muchas de ellas creadas inmediatamente antes o después de las elecciones municipales de 2011 y todas controladas por cinco empresarios, recibió el 66,19 por ciento de la facturación a Puerto Marina, casi tres millones de euros, durante la etapa mencionada. Un informe interno, cuyo contenido fue revelado ayer por este periódico, ha cifrado en algo más de un millón de euros los «perjuicios mínimos» ocasionados por «los presuntos excesos de los anteriores gestores».

Por el caso permanecen investigados los cinco empresarios y dos asesores de UCB, además del exconcejal del Puerto, Francisco Salido, y el exgerente del recinto, José Manuel López Merino. El empresario más beneficiado por estas obras responde a las iniciales M. S. I. P. y pertenecía al entorno de UCB. Presidía un grupo con al menos cuatro sociedades, todas a su nombre, que facturaron más de 1,4 millones de euros al Puerto, siempre según los resultados de la investigación interna a la que SUR ha tenido acceso. A su vez, dos empleados de este grupo, padre e hijo, aparecen como administradores de dos empresas que recibieron 624.368 euros. Las sociedades de los otros dos empresarios implicados, que responden a las iniciales M. I. A. y M. J. G. G., facturaron 836.710 euros al Puerto.

UCB pactó en 2011 con el PSOE e Izquierda Unida y un año después presentó una moción de censura con el PP que desalojó de la Alcaldía a Javier Carnero en beneficio de Paloma García Gálvez. La exalcaldesa rompió con los independientes en noviembre de 2014, después de que López Merino fuese condenado por ejercer como abogado sin estar colegiado. Tras el cambio de gobierno en 2015, Navas y la concejala del Puerto, Encarnación Cortés, ordenaron el inicio de una auditoría interna. El alcalde reprochó ayer a su sucesora que no la hubiera puesto en marcha en la anterior legislatura pese a las retiradas solicitudes de la oposición.

Entre las ilegalidades detectadas por el Ayuntamiento en su principal empresa destacan fraccionamientos indebidos de contratos, creación de competencia mendaz, adjudicaciones directas sin que existieran presupuestos, firmas sin supervisión técnica, quebrantamiento de embargo de la Agencia Tributaria, cesiones irregulares y desvío de ingresos.

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