Benalmádena registra los terrenos para crear un instituto en la zona de Retamar

El nuevo instituto será construido sobre una superficie de 6.000 metros cuadrados en Retamar. /SUR
El nuevo instituto será construido sobre una superficie de 6.000 metros cuadrados en Retamar. / SUR

El Ayuntamiento plantea la posibilidad de utilizar su superávit para costear las obras y acelerar los trámites, que podrían prolongarse cuatro años

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

El Ayuntamiento de Benalmádena ya ha registrado a su nombre las parcelas sobre las que se construirá un instituto en la zona de Retamar. Estos terrenos, con una superficie superior a los 6.000 metros cuadrados, pertenecían a varias empresas y estaban calificadas como zona verde, una situación que ha enmarañado los trámites administrativos desde 2015. El Ayuntamiento negoció la adquisición del suelo con los propietarios y modificó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para recalificar el terreno como equipamiento educativo tras el visto bueno del Consejo Consultivo de Andalucía. Ahora, tras confirmar su titularidad municipal, el Consistorio cederá estos terrenos, que ya figuran como una sola parcela, a la Junta.

Con el suelo a su disposición, el Gobierno autonómico debe recepcionarlo como patrimonio propio, dotar de presupuesto al proyecto y licitar las obras para la construcción del instituto, una reclamación histórica de la comunidad educativa local. El alcalde, Víctor Navas (PSOE), vaticina que estos trámites podrían tardar «entre tres y cuatro años» pese a que en 2016 anunció que las obras podrían comenzar entre 2018 y 2019: «Somos conscientes de la tardanza que arrastra este proyecto, motivada por la búsqueda de una parcela adecuada y los cambios urbanísticos necesarios para su conversión en equipamiento educativo, pero reafirmamos nuestro compromiso con el proyecto».

Navas asegura que «cuando accedimos al Gobierno municipal nos encontramos con que no existía una parcela para uso educativo y tuvimos que trabajar con urgencia para ello». El primer edil incide en «la complejidad administrativa» que conllevan las modificaciones en el PGOU: «Una renovación integral del planeamiento suele suponer diez años de gestiones, y el cambio puntual que necesitábamos para disponer de los terrenos ha requerido un plazo de año y medio».

Adelantándose a la posible falta de presupuesto por parte de la Junta de Andalucía, el alcalde ha afirmado que el Ayuntamiento «tiene capacidad de financiación para comenzar las obras cuanto antes» y reclama la autorización del Ministerio de Hacienda para utilizar el superávit presupuestario, que los ayuntamientos únicamente pueden destinar a proyectos financieramente sostenibles, o lo que es lo mismo: que tengan retorno económico.

No es la primera vez que el Ayuntamiento plantea la posibilidad de financiar con fondos municipales proyectos pertenecientes a áreas donde carece de competencias. En este caso, la construcción de centros educativos corresponde a los gobiernos autonómicos. Navas, sin embargo, abandera en la Costa del Sol la solicitud de desbloqueo del superávit local con el objetivo de afrontar con recursos propios el inicio de obras que otras administraciones postergan o no pueden presupuestar.

Competencias

El alcalde ya propuso en febrero que el Consistorio pagase mediante su superávit el medio millón de euros que cuesta la ampliación del dique exento, una medida que estabilizaría las playas y reduciría los efectos de los temporales. El subdelegado del Gobierno central en Málaga, Miguel Briones (PP), recordó que las competencias en materia de protección del dominio público marítimo-terrestre pertenecen al Estado y vinculó la puesta en marcha del proyecto a la aprobación de los Presupuestos Generales, a los que el Ejecutivo de Mariano Rajoy dio ayer luz verde.

«Solo necesitamos la autorización del ministro Cristóbal Montoro», insistió Navas ayer en relación a la posibilidad de que el Ayuntamiento costee la construcción del nuevo instituto: «Ya se ha hecho en otras ocasiones, como con el IES Arroyo de la Miel, y esta vez el Ayuntamiento tiene margen de maniobra para adelantar la financiación». La concejala de Educación, Elena Galán (IU), puntualizó que para la ubicación del centro «no nos valía cualquier parcela, sino que queríamos que fuera próxima a la zona de influencia y expansión de Benalmádena Pueblo, donde se concentra mayor demanda de plazas educativas». Desde el Consistorio aseguran que «no queremos suplantar el papel de otras administraciones, pero estamos en disposición de adelantar el dinero necesario».

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