Benalmádena reduce su plazo medio de pago a proveedores de 131 a 17 días en tres años

Navas y Arroyo, ayer en el Ayuntamiento. /SUR
Navas y Arroyo, ayer en el Ayuntamiento. / SUR

El cumplimiento en los pagos propicia una rebaja en la contratación de servicios cercana al 40% y deja la deuda municipal en 69 millones

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

El Ayuntamiento de Benalmádena ha liquidado las cuentas del año pasado con un superávit de 27,2 millones de euros. El alcalde, Víctor Navas, solicita al Gobierno central que los beneficios municipales puedan ser destinados a la contratación de policías locales, bomberos o personal de limpieza, algunas de las reivindicaciones históricas de la localidad costera, que cada verano atiende al triple de su población censada con servicios propios de un municipio con menos de 75.000 habitantes. La ley exige que el superávit solo pueda sufragar proyectos financieramente sostenibles. El Consistorio ha reducido el plazo medio de pago a proveedores de 131 a 17 días, además de recortar la deuda municipal hasta los 69 millones de euros.

El primer edil también ha propuesto financiar con fondos municipales la construcción de un apeadero del tren de Cercanías en Nueva Torrequebrada, los espigones sumergidos para evitar los efectos de los temporales, un instituto en Retamar o la comisaría de Policía Nacional. «Este Ayuntamiento tiene capacidad inversora para hacer frente a estos proyectos», explica Navas. El problema en todos estos casos es que las competencias para iniciar las obras corresponden a otras administraciones, como el Ejecutivo central (apeadero, espigones y comisaría) o la Junta de Andalucía (instituto). «Estamos viendo que disponemos de capacidad de financiación, dinero en las cuentas y una economía saneada, pero no podemos hacer algo tan sencillo como destinar fondos al servicio de recogida de basura porque tenemos un techo de gasto que nos impide hacerlo», detalla el regidor.

El Consistorio también destaca que la liquidación de las cuentas de 2017 arroja un nivel de endeudamiento cercano al 68 por ciento, casi la mitad del 110 por ciento que arrastraban las arcas municipales cuando comenzó la legislatura. La deuda financiera en 2015 ascendía a más de 123 millones de euros, a los que se sumaban otros 15 millones de deuda con proveedores y por reconocimiento de sentencias. «Al cierre de la liquidación de 2017 la deuda financiera estaba en 72 millones, no hay deuda pendiente con proveedores y están abonadas absolutamente todas las sentencias», explica el concejal de Hacienda, Manuel Arroyo, que incide en que a través de la modificación del suplemento de crédito aprobada el año pasado se han abonado 26,5 millones de euros en concepto de deuda financiera.

«Al cumplir con el pago con nuestros proveedores, reduciendo el periodo medio de 131 a menos de 17 días, también conseguimos una rebaja en los precios de adquisición de servicios de entorno al 40 por ciento, lo que repercute de forma positiva en los presupuestos», subraya Navas, que considera que el Ministerio de Economía «tiene a los ayuntamientos intervenidos y da igual que tengan mayor o menor liquidez, porque no pueden gastar por encima del porcentaje con respecto al año anterior».

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