Benalmádena prohíbe mediante una ordenanza reservar espacio en la playa

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gómez. El pleno del Ayuntamiento de Benalmádena aprobó por unanimidad en su última sesión la ordenanza municipal de playas, que recoge la ordenación de usos «para mejorar la calidad, seguridad y conservación medioambiental» en el litoral de la localidad. Así, Esta normativa regulará la circulación de vehículos o acampadas, la prohibición de hacer fuego en las 17 playas del término municipal (exceptuando las tradicionales hogueras de San Juan y Virgen del Carmen), las sanciones a quienes dejen varadas sus embarcaciones fuera de las zonas autorizadas y el conjunto de actividades propias de esta zona de dominio público marítimo terrestre. La ordenanza también prohíbe expresamente el acotamiento o las reservas de espacio y regula la presencia de animales, la pesca y la práctica de deportes y juegos.

La concejala de Turismo, Playas y Puerto, Encarnación Cortés, recuerda que, tras esta aprobación unánime, resultado del consenso entre los distintos grupos políticos, se abre un plazo de alegaciones. El documento está abierto a las modificaciones necesarias y Cortés se compromete «a dar voz a los vecinos y a los agentes turísticos del municipio». La nueva ordenanza pretende «proteger, regular la utilización y mantener el nivel de calidad de las aguas y del conjunto de la ribera del mar en Benalmádena» al entender que la franja litoral de la localidad soporta una elevada presión de uso que debe ir acompañada de una serie de «garantías en materia de seguridad, salud e higiene en lo que respecta a su uso y disfrute».

Ceremonias civiles

Entre las principales novedades que contempla la normativa está la celebración de ceremonias civiles, la creación de una playa para mascotas, la limitación de ruidos o la prohibición de la instalación de jaimas, carpas y cerramientos, entre otras. La nueva ordenanza recoge también la imposición de sanciones a quienes vulneren sus disposiciones. Estas sanciones irán desde los 60 hasta los 3.000 euros, en función, de la gravedad de la infracción, e incluso pueden acarrear la suspensión de la concesión de siete días a seis meses si el infractor es adjudicatario de una concesión, como una parcela de hamacas o tumbonas o un kiosco.

Cortés asegura que la ordenanza «pone solución a la ausencia histórica de una normativa de este tipo en la localidad» después de que, en 2012, la Junta de Andalucía tumbase la propuesta del Ayuntamiento al detectar deficiencias en su articulado.

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