Benalmádena ofrecerá ahora una vivienda a la familia desahuciada

El desahucio centró el debate plenario que tuvo lugar ayer en Benalmádena. /
El desahucio centró el debate plenario que tuvo lugar ayer en Benalmádena.

Rescate Ciudadano trata de amortiguar las críticas proponiendo un alquiler social de 200 euros al mes en uno de los cuatro pisos cedidos por la AVRA

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

El Ayuntamiento de Benalmádena ofrecerá una alternativa habitacional a la familia desahuciada el pasado lunes de una vivienda municipal. Tras la polémica suscitada esta semana por el desalojo de Mario, Laura y sus dos hijos de tres meses y seis años por orden del propio Consistorio, la Oficina de Rescate Ciudadano les informará de que reúnen los requisitos para habitar un piso de dos dormitorios a cambio de un alquiler social de 200 euros mensuales. El concejal de Vivienda, Enrique García (Costa del Sol Sí Puede), explica que cuando la coalición de gobierno de la que el partido instrumental de Podemos forma parte junto con el PSOE, Izquierda Unida, Alternativa por Benalmádena y tres concejales no adscritos inició el procedimiento de desahucio, hace once meses, «no disponíamos de cuatro casas posteriormente cedidas por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)».

Uno de estos pisos, sin amueblar, será habitado por Mario, Laura y sus dos hijos en caso de que acepten la propuesta y presenten la documentación requerida, una opción que no les fue planteada el lunes, cuando la Policía Local ejecutó el lanzamiento. La familia vivía en una casa de titularidad municipal que había sido asignado a la abuela de Laura, ya fallecida. Al detectar que la concesión no estaba a su nombre, el Ayuntamiento lanzó una orden de desahucio administrativo como parte de la revisión de los contratos de alquiler de las cerca de 230 viviendas sociales que hay en Benalmádena. García alega que la Oficina de Rescate Ciudadano, controlada por Costa del Sol Sí Puede, no les ofreció la posibilidad de instalarse en esta segunda vivienda «porque no pasaron por aquí».

En el caso de las cuatro casas cedidas por la AVRA, la agencia se ocupa del pago de la comunidad y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), según fuentes municipales. Respecto a la falta de muebles, el concejal de Vivienda confía en que el Área de Bienestar Social, gestionada por el PSOE, contribuya con algunos de los enseres más esenciales. La coalición de gobierno presidida por Víctor Navas amortigua así las críticas recibidas por ejecutar una orden de desahucio sin alternativa habitacional pese a que el pleno declaró hace dos años, a iniciativa del partido instrumental de Podemos, la declaración de Benalmádena como ciudad libre de desahucios.

El asuntó centró el debate plenario que tuvo lugar ayer. La concejala del PP Concha Cifrián arremetió contra el Ejecutivo local: «De esta familia se han dicho barbaridades, cosas que son inmorales. Si no cumplen los requisitos legales hay que desahuciarlos, pero lo que ustedes deberían haber hecho es darles una solución de habitabilidad, porque les recuerdo que tienen dos niños menores». La polémica se trasladó también al seno de Costa del Sol Sí Puede, cuya secretaría general envió ayer un comunicado asegurando que el partido no comparte la actuación del Gobierno municipal y que pedirá «explicaciones» a sus dos concejales en Benalmádena: «Lo lamentamos y pedimos perdón».

Enrique García sostiene que el comunicado se enmarca en la guerra interna de Costa del Sol Sí Puede después de que los ediles de varias localidades, entre ellas Benalmádena, anunciaran una futura confluencia con Podemos e IU para las elecciones municipales del próximo año. «Sabemos que la revisión de todos los contratos de alquiler social tiene un coste político, pero no vamos a mirar hacia otro lado».

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