Benalmádena desahucia a una familia con dos niños de tres meses y seis años

Laura, ayer en el portal de la vivienda junto a sus dos hijos. /SUR
Laura, ayer en el portal de la vivienda junto a sus dos hijos. / SUR

El Ayuntamiento, donde gobiernan el PSOE, Costa del Sol Sí Puede - Podemos e IU, ordena el desalojo alegando irregularidades pese a que los inquilinos denuncian que carecen de una alternativa habitacional

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

El Ayuntamiento de Benalmádena, donde gobierna una coalición formada por el PSOE, Costa del Sol Sí Puede, Izquierda Unida, Alternativa y tres concejales no adscritos, desahució ayer a una familia con dos menores sin alternativa habitacional de una vivienda de protección oficial situada en calle Eucalipto. Laura y Mario residían en este piso de titularidad municipal junto a sus dos hijos, de tres meses y seis años. La Policía Local ejecutó a mediodía el desalojo administrativo ordenado por el Consistorio, propietario de la vivienda. El lanzamiento forzoso forma parte del procedimiento de revisión de los alquileres de las viviendas municipales iniciado por el Área de Rescate Ciudadano, gestionada por Costa del Sol Sí Puede (CSSP), partido instrumental de Podemos, que ha detectado irregularidades en varios contratos de ocupación. La familia denuncia que el Ayuntamiento no ha ofrecido alternativas pese a conocer su situación, con dos niños pequeños y unos ingresos mensuales de 575 euros: «Nos hemos quedado en la calle y no sabemos qué hacer».

El concejal de Vivienda, Enrique García (CSSP), asegura que Laura y Mario «no son titulares de la vivienda que ocupaban» y alega que el desahucio se puso en marcha «porque la ley nos obliga a supervisar estos contratos cada dos años, algo que no se hacía desde 2008». La familia vivía en el piso que el Ayuntamiento había asignado a los abuelos de Laura, que se encargaba de su cuidado, según detalla. Cuando fallecieron, la pareja se instaló en la vivienda, aunque desde el Consistorio insisten en que «la ocupación es irregular porque no hay ningún tipo de derecho heredado». La familia sobrevive con una paga por desempleo y la manutención inferior a 200 euros que Laura recibe cada mes de su anterior pareja, padre de su hijo mayor.

Mario tiene 27 años y está en paro. Ha trabajado como albañil, camarero, charcutero, recogiendo aceitunas y vendimiando, entre otros empleos siempre temporales. Laura, de 25 años, se dedica a la jardinería, aunque ahora también está desempleada. «Si estuviéramos solos nos daría igual, pero con dos niños tan pequeños no sabemos qué hacer. La familia de Mario vive fuera de Málaga y mis padres no pueden ayudarnos. Estamos desesperados», explica entre sollozos. La pareja se reunió con Enrique García el año pasado, aunque el concejal del partido instrumental de Podemos incide en que «deberían haberse pasado antes por aquí para que les informáramos sobre los programas que ofrecemos de búsqueda de empleo o el servicio de alquileres sociales».

Laura y Mario agradecen «el tacto» mostrado por los agentes de la Policía Local durante el desahucio, aunque critican la actitud de la asistente social que atendió el caso: «Le dijimos que no sabíamos adónde ir y nos trató como si le diera igual, sabiendo que tenemos un bebé». Mario asegura que ahora «intentaremos pasar un par de noches en casa de algún amigo, aunque no sabemos dónde dormiremos después» y recuerda que han abonado cada mes las facturas de la luz y el agua: «Ahí están los recibos y el suministro, que no han sido cortados». Desde Provise, la empresa municipal encargada de las viviendas municipales en Benalmádena y controlada por IU, sostienen que el proceso de desahucio fue iniciado hace un año y medio «y hemos dilatado los plazos todo el tiempo que hemos podido para que solventaran su situación». Los socialistas, por su parte, gestionan la Concejalía de Bienestar Social, que tampoco ha ofrecido alternativas a la familia.

En Rescate Ciudadano adelantan que en las próximas semanas podrían producirse nuevos lanzamientos: «Estamos intentando poner orden en los contratos de los pisos públicos porque llevan una década sin revisarse y tenemos una lista de demandantes de vivienda con más de 90 familias necesitadas». García señala que en algunos casos se ha detectado que los beneficiarios de un piso de titularidad pública «tienen ingresos superiores a los requeridos o incluso una segunda vivienda», aunque matiza que «no estoy diciendo que sea el caso de esta familia». Mario y Laura han acreditado que carecen de alternativa habitacional. Benalmádena cuenta con unas 230 viviendas municipales.

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