Un juez investiga ayudas municipales «arbitrarias» de casi 400.000 euros en Torremolinos

Un juez investiga ayudas municipales «arbitrarias» de casi 400.000 euros en Torremolinos

Las subvenciones para mejoras en edificios sirvieron para programar visitas del exalcalde a más de 1.500 vecinos antes de las elecciones de 2015

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

El Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos investiga la concesión de subvenciones municipales por valor de casi 400.000 euros para realizar obras de mejora en más de una veintena de comunidades de propietarios en 2015. Estas ayudas, aprobadas «sin ningún procedimiento, convocatoria pública ni publicidad» según el interventor y el secretario del Ayuntamiento, permitieron al exalcalde, Pedro Fernández Montes (PP), convocar reuniones con los vecinos de estas comunidades, donde residen más de 1.500 empadronados, durante las semanas anteriores a las elecciones municipales. Las subvenciones iban destinadas a la rehabilitación de 31 edificios con 658 viviendas, mejoras que en la mayoría de los casos no han llegado a realizarse.

Tras un demoledor informe de Intervención y Secretaría, que califican las ayudas de de «manifiestamente arbitrarias» y advierten de la existencia de «un fraccionamiento» en los contratos, el Ayuntamiento anuló las subvenciones este verano. Los habilitados nacionales denunciaron que las ayudas se concedieron «desbordando la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso», por lo que el Consistorio trasladó el asunto a la Fiscalía. A su vez, el Ministerio Público denunció el caso al detectar indicios de presuntos delitos y el Juzgado de Instrucción número 1 ha abierto ahora diligencias previas.

El juez ha solicitado copia de los acuerdos alcanzados por la anterior Junta de Gobierno Local en abril y mayo de 2015, por los que se otorgaron estas ayudas, y «la relación nominal de sus miembros». Además, el magistrado que lleva el caso solicita de forma específica que se le informe «de quién era el alcalde y el titular de la Concejalía de Servicios Sociales en las referidas fechas». Por entonces gobernaba el PP con mayoría absoluta y la delegada del Área era la concejala Inmaculada Rosales. En concreto, los populares aprobaron ayudas por valor de 372.600 euros. Los informes técnicos remitidos al Juzgado por la Fiscalía recalcan que las subvenciones «son contrarias a derecho y se otorgaron a comunidades que no cumplían los requisitos». Además, los contratos para ejecutar las obras fueron adjudicados «prescindiendo de los trámites legales».

Los acuerdos de Gobierno investigados se remontan al 24 de abril y el 29 de mayo de 2015. Las elecciones municipales se celebraron el 24 de mayo y las visitas de Fernández Montes a las comunidades subvencionadas fueron programadas antes incluso de la aprobación de estas ayudas. Así, en diversos portales pudieron leerse durante días notas informativas donde se reclamaba la mayor asistencia posible de vecinos a los encuentros con el entonces alcalde «para que perciba el máximo interés por nuestra parte».

«Se ruega asistencia»

En varias de estas notas, a las que este periódico ha tenido acceso, figuran frases como «Se ruega la asistencia de todos los vecinos en el portal» o «Se ruega que estén el máximo número de vecinos para recibir al alcalde». Los informes técnicos advierten también de que no existen pliegos ni documentos de Intervención o Secretaría que avalen los procedimientos de adjudicación de obras. Los solicitantes de estas ayudas, siempre según la denuncia, tampoco han acreditado que fueran presidentes o administradores de las comunidades.

La Junta de Gobierno Local, en sus acuerdos, especificó como requisito para estas ayudas «que la mayoría de personas sean de bajo poder adquisitivo y pertenecientes a la tercera edad que no pueden hacer frente a los gastos de reforma» de los edificios, pero estas condiciones «no consta que fueran verificadas antes del otorgamiento de la subvenciones». Tras conocer la denuncia, el PP alegó que las ayudas estaban «perfectamente verificadas mediante estudios individualizados en cada caso». La investigación judicial que acaba de abrirse determinará si los hechos incurren en algún delito.

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