La Audiencia Provincial ratifica la pena de cárcel a la presidenta de la protectora de Torremolinos

Imagen de archivo de Carmen Marín. /SUR
Imagen de archivo de Carmen Marín. / SUR

La sentencia confirma la condena de tres años y nueve meses de prisión a Carmen Marín por maltrato animal y falsedad documental

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

La Audiencia Provincial de Málaga ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Penal número 14 contra Carmen Marín, condenada a tres años y nueve meses de prisión por delitos de falsedad documental y maltrato animal continuado. El juez considera probado que la presidenta de la falsa protectora de animales de Torremolinos «impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente los hechos» para llevar a cabo sacrificios «masivos e injustificados» de perros y gatos. La Audiencia Provincial confirma así una sentencia histórica en un caso de maltrato animal en España. Marín realizaba los sacrificios «sin control veterinario alguno», a través de la inyección de producto eutanásico «sin sedación previa, por vías inadecuadas» (intramuscular en vez de intravenosa) y en dosis más bajas de las recomendadas, algo que provocaba «una dolorosa y prolongada» agonía a los animales.

La mayor parte de la pena de cárcel, dos años y nueve meses, corresponde al delito de falsedad documental al considerar que los listados de incineraciones enviados al Ayuntamiento de Torremolinos, que pagaba por estos servicios, fueron «manipulados» para incluir la participación de veterinarios «que nunca habían intervenido» en los sacrificios. Según la sentencia, estas «auténticas sesiones de exterminio», como las definió el Ministerio Fiscal, «no atendían a ningún criterio por la edad o estado de salud de los animales o porque hubiesen transcurrido más de diez días desde que fueran albergados», sino que tenían una finalidad «lucrativa, pues de esta manera las instalaciones de la asociación quedaban siempre libres para poder albergar y recibir nuevos animales, cobrando por ello».

Marín, condenada también a pagar una multa cercana a los 20.000 euros, deberá indemnizar a los socios de su falsa protectora, inscrita bajo el nombre de Parque Animal, y a uno de los veterinarios a los que despidió. La Audiencia Provincial ratifica la pena máxima permitida por la ley española por un delito de maltrato animal (un año de prisión). Este punto fue el más impactante de la sentencia dictada en enero por el Juzgado de lo Penal número 14, que expuso que «sería deseable» la modificación del Código Penal para incorporar la posibilidad de elevar la pena «en uno o dos grados» cuando los hechos revistieran extrema gravedad. Esta reforma «permitiría dar una respuesta punitiva más proporcionada a casos como el ahora enjuiciado».

La contundencia mostrada por el juez obedece «al sufrimiento» al que eran sometidos los animales antes de morir, al masivo número de sacrificios «y a la defraudada confianza de todos los socios y particulares que entregaron perros y gatos creyendo que se les buscaría un hogar». Tanto el presidente de la protectora El Refugio, Nacho Paunero, como la presidenta de la Asociación de Afectados de Parque Animal, Ana Fernández, han mostrado su satisfacción por la ratificación de esta sentencia y exigen la entrada en prisión de Marín.

De forma paralela a este caso, existe otro procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales. La jueza que lleva el caso considera acreditado, según los indicios recabados, que Marín y sus dos hijas utilizaron los fondos de la protectora para pagar gastos personales, como 104.382 euros en unos grandes almacenes, además de la reforma de la clínica estética de una de las hijas, viajes y estancias en hoteles de lujo de varios países, clases de autoescuela, cargos por cheques, compra de vehículos y comidas y cenas en restaurantes. Marín está acusada de presuntos delitos de estafa y apropiación indebida. Una de sus hijas está acusada de presunto blanqueo de capitales y la otra concurrirá en calidad de presunta responsable civil por los importes recibidos «en su condición de partícipe a título lucrativo».

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