Un acuerdo ilegal permite a la plantilla municipal de Torremolinos trabajar menos de lo que debe

Cientos de empleados públicos atienden a la concejala de Personal en una imagen de archivo. /SUR
Cientos de empleados públicos atienden a la concejala de Personal en una imagen de archivo. / SUR

El Ayuntamiento anulará el pacto tras un reparo de Intervención que detecta 300 horas al año menos de las exigidas y hasta 14 días más de vacaciones

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Los empleados públicos de Torremolinos llevan desde 2016 trabajando menos horas de las exigidas por ley y teniendo más días de vacaciones de los permitidos. Así se desprende de un informe elaborado por el interventor municipal, que ha manifestado su reparo por las presuntas irregularidades detectadas en el acuerdo firmado hace dos años por el PSOE, que gobierna en minoría. Este pacto, que trataba de alcanzar la paz social tras el cambio de mandato producido un año antes, no fue decretado, aprobado por el pleno ni publicitado como ordena la ley, según advierte Intervención. Algunas de las cláusulas de este acuerdo contravienen la legislación estatal que regula las condiciones de trabajo de los empleados públicos, especialmente en materia de horarios y descansos.

En términos generales, las jornadas de los trabajadores municipales de Torremolinos se prolongan hasta las 35 horas semanales, cuando la ley establece 37,5 horas semanales. En algunos casos la diferencia alcanza 300 horas anuales menos de las que marca la normativa estatal, con el agravante de que el Ayuntamiento a menudo está pagando ese desfase como horas extraordinarias, como en el caso de la Policía Local. El informe de Intervención revela que algunos funcionarios están disfrutando de hasta 14 días más de vacaciones al año de las previstas reglamentariamente. La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público contempla unas vacaciones retribuidas de 22 días hábiles cada año, cómputo donde no están incluidos los fines de semana. En Torremolinos, sin embargo, los empleados públicos superan los 30 días hábiles al año en virtud del acuerdo alcanzado en abril de 2016.

Ese acuerdo será anulado por la concejala de Personal, Carmen García, tras conocer los reparos del interventor. La edil socialista alega que el pacto no había encontrado ningún obstáculo hasta ahora y asegura que en los próximos días se reunirá con sindicatos y técnicos «para buscar soluciones y crear una mesa de negociación». El documento de Intervención, al que este periódico ha tenido acceso, incide en «la gravedad de lo detectado» y tiene lugar tras el muestreo de algunas nóminas como parte del trabajo de fiscalización habitual. Las vacaciones que superan el límite legal corresponden en su mayoría a días de compensación por trabajar en Navidad, Semana Santa y verano, pero los acuerdos adoptados por los ayuntamientos en ningún caso pueden contravenir la legislación, como lleva ocurriendo desde hace dos años en Torremolinos.

Horas extraordinarias

La aplicación de la ley conllevaría para las arcas municipales un importante ahorro en concepto de horas extraordinarias que hasta ahora se estaban pagando pese a que muchas de ellas eran horas ordinarias. La anulación del acuerdo afectará a cientos de empleados públicos y vuelve a poner el foco de atención sobre la gestión del personal, uno de los históricos caballos de batalla en el Ayuntamiento de Torremolinos. La falta de funcionarios (en el edificio consistorial apenas hay una treintena en una plantilla de cerca de 700 personas), los dedazos, el encadenamiento de contratos temporales durante más tiempo del permitido por ley y el cobro de pluses que en muchos casos funcionaban como sobresueldos marcaron las legislaturas anteriores, una situación que el nuevo Gobierno local trató de encauzar con la aprobación de la primera Relación de Puestos de Trabajo (RPT) puesta en marcha en Torremolinos.

La RPT, que nunca antes había sido redactada pese a las reclamaciones de los sindicatos y a una sentencia contra el Consistorio que obligaba a ello en 2007, permite que el personal público haga carrera administrativa y promoción interna mediante oposiciones, algo que en el futuro podría compensar que la mayoría de trabajadores no tenga la condición de funcionarios y evitar abusos como los cometidos en el pasado.

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