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IVÁN GELIBTER
Viernes, 19 de mayo 2017, 01:31
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Nuevo giro de guión en el asunto del Hipódromo de la Costa del Sol, que una vez más vuelve a poner en evidencia que la gestión del enclave ha sido, cuanto menos, dudosa. El equipo de gobierno anunció ayer por sorpresa que ha detectado una serie de pagos realizados presuntamente «de manera irregular» a la sociedad gestora del Hipódromo desde otra empresa municipal y desde el propio Consistorio. Según un comunicado, estos ingresos efectuados durante el mandato de Ángel Nozal «solo denotan que el Partido Popular se resistió a liquidar Recursos Turísticos (mercantil encargada de gestionar el recinto hípico) cuando ya tenía la obligación de hacerlo por las pérdidas registradas por la sociedad».
El que fuera concejal de Hacienda con el PP, Mario Bravo, autorizó con fechas entre enero y abril de 2012 el trasvase de un total de 568.000 euros de una cuenta de Mijas Avanza a otra de Recursos Turísticos en concepto de «préstamo». A su vez, consintió la trasferencia de 239.000 euros en abril de 2015 desde las arcas municipales para saldar un crédito de la mercantil gestora del Hipódromo, del cual el Ayuntamiento era avalista. «Toda esta operación se llevó a cabo sin los cauces administrativos pertinentes ya que no existen informes técnicos favorables a estas operaciones. Además, se trata de pasar dinero de todos los mijeños a una empresa que no es al cien por cien pública y que, a su vez, cosechaba enormes daños económicos», apuntan desde el equipo de gobierno.El motivo principal de que Recursos Turísticos de Mijas tuviera que ser liquidada son sus enormes pérdidas económicas.
Principal duda
Desde el Ayuntamiento contabilizan en 2011 una deuda de 530.000 euros, en 2012 un total de 801.000, en 2013 asciende a 603.000 euros y, en 2014 un montante de 1,7 millones de euros. Ante estas cifras, la principal duda que surge en el seno del Consistorio es por qué el PP no procedió a la liquidación de la sociedad tras cuatro años consecutivos de daños económicos.
Asimismo, a estos números hay que sumar los 1,8 millones de euros que el propio Ayuntamiento ha estado pagando en concepto de alquiler a Recursos Turísticos por unas instalaciones deportivas que le pertenecían al ente local. El contrato de arrendamiento, firmado por el entonces alcalde, Ángel Nozal, y la edil del PP, Lourdes Burgos, carece de expediente de contratación. «Resulta curioso que se lleve a cabo ese alquiler cuando en el listado de bienes de dominio público del Consistorio se halla dicho equipamiento, por lo que supone una nueva inyección de casi dos millones de euros a Recursos Turísticos», sentencian en el escrito.
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