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El pleno de marzo, después de la publicación del ‘caso Mijas’, fue uno de los más broncos.
La actividad política de Mijas se judicializa un año después de la ruptura del pacto PP-C's

La actividad política de Mijas se judicializa un año después de la ruptura del pacto PP-C's

El alcalde, Juan Carlos Maldonado, considera que esta decisión estuvo en su momento fundamentada y que el tiempo les ha «dado la razón»

Iván Gelibter

Domingo, 30 de abril 2017, 01:15

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Tan solo han pasado 368 días desde que el Partido Popular de Mijas y Ciudadanos rompieran su pacto en la localidad costasoleña, pero en este tiempo la actividad política del municipio ha dado un giro de 180 grados, no solo porque ahora el alcalde, Juan Carlos Maldonado, gobierna en coalición con el PSOE, sino porque la activida política se ha judicializado, dejando tras de sí casi una decena de cuestiones abiertas que en su mayoría están afectando al presidente local del PP, Ángel Nozal.

El exalcalde de Mijas cosecha actualmente tres investigaciones (imputaciones): una de las más destacadas es la que afecta a las subastas exprés, en la que un informe de la Guardia Civil considera que tanto Nozal como el exconcejal de Hacienda (Mario Bravo) «han participado de forma directa en la tramitación y resolución de algunos expedientes a pesar de tener intereses en sociedades que realizan labores de administración de fincas». Ambos ejercen esta labor profesional en la localidad, por lo que el informe insiste en que en estos procedimientos, «las citadas sociedades actúan como parte interesada, bien por haber gestionado la adjudicación de la finca en favor de la comunidad de propietarios, o bien por tener pendiente el cobro de las cuotas de comunidad».

Además de esta causa, que se espera avance en este 2017, el exregidor está también investigado por la nave presuntamente irregular de 340 televisión, pero también por el llamado caso de los sobresueldos. Está previsto que el próximo 19 de mayo se inicie el juicio oral en este caso, ya que fue la primera de las causas abiertas.

Además de estas investigaciones, ya existen otras actuaciones bajo su mandato que están en conocimiento de la Fiscalía o de la asesoría jurídica municipal. Se trata del presunto menoscabo a la Hacienda pública por los contratos marco del Ayuntamiento, el hormigonado de caminos rurales, la construcción de dos sedes de asociaciones de vecinos en zona verde, el karting supuestamente sin licencia de obra y sin licencia de apertura, ejecución de obras por parte de los servicios operativos sin el paraguas jurídico necesario, adjudicaciones de servicios que carecerían de expedientes de contratación, la gestión del Hipódromo, o el almacén supuestamente ilegal de los servicios operativos, entre otras.

El 'caso Mijas'

En términos políticos, el último vendaval ha estado protagonizado por el caso Mijas, unas grabaciones publicadas por SUR en exclusiva en las que el PP de Mijas ofrece trabajo a al edil de Costa del Sol Sí Puede, así como no denunciarle por un supuesto cobro irregular de sus nóminas, a cambio de firmar una moción de censura. Esto provocó la dimisión fulminante de Santiago Martín, el edil popular que, según fuentes consultadas, era el favorito del PP provincial para una potencial sucesión de Nozal.

Estas grabaciones provocaron una bronca que llegó incluso a los líderes nacionales, ya que Pablo Iglesias y Albert Rivera tuvieron un enfretamiento en Twitter por esta cuestión. En el pleno del mes de marzo, y a raíz de esta polémica, Nozal retó a Maldonado a que ambos presentaran la dimisión, un hecho al que se negó el primer edil mijeño tras una sesión bronca en la que sacó todas las publicaciones en medios referidas al líder local del PP y sus imputaciones. Además, el caso Mijas se encuentra actualmente en fase de investigación por la Fiscalía Anticorrupción.

Maldonado, que esta semana hizo balance de la ruptura del pacto, señaló que el tiempo les ha «dado la razón». En concreto, explicó que él y su equipo decidieron terminar el acuerdo con el PP esgrimiendo dos argumentos principales: por un lado, el «entorpecimiento diario» que a su juicio ejercían de la vida municipal y la gestión en detrimento de los vecinos y, en segundo término, «por las presuntas irregularidades que se desprendían del mandato del Partido Popular durante los últimos cuatro años», que tuvieron su primer indicio en las auditorías encargadas por Maldonado, que en la mayor parte de los casos ha provocado las mencionadas imputaciones de Nozal.

A su juicio, el Ayuntamiento se encuentra inmerso en varios procedimientos por la forma de actuar del PP «de espaldas a la legalidad o a los procedimientos administrativos», y destacó que aparte de las multas que ya han recibido, aún hay que valorar la cuantía de devolver al orden jurídico perturbado las acciones llevadas a cabo por el gobierno anterior. Asimismo, el regidor lamentó las últimas informaciones que apuntan «verosimilitud» a los hechos denunciados en el caso de los sobresueldos, así como la apreciación de un presunto delito de malversación de caudales públicos.

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