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Iván Gelibter
Jueves, 27 de abril 2017, 00:54
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El edificio del CIOMijas podría quedarse sin suministro eléctrico dentro de menos de un mes si la Junta de Andalucía no hace frente al pago de las facturas atrasadas, que ascienden a un tota de 13.000 euros. Además, las instalaciones han dejado de contar con un seguro de incendios y otras contingencias, ya que el contrato que tenían con Generali habría vencido a causa, también, de no haber hecho frente a las facturas.
Tal como sostiene uno de los liquidadores del consorcio en una misiva dirigida a los responsables de la Consejería de Empleo a la que SURha tenido acceso, la eléctrica ya habría avisado de que el próximo 22 de mayo se tramitará la suspensión del suministro, y en siete días se resolverá el contrato con la compañía.
Según afirma el liquidador, si para la citada fecha no se realizara el pago, y por tanto se diera de baja el servicio, «el centro quedaría en una grave situación de riesgo, con independencia del cuantioso importe del coste de la reanudación del servicio y la formalización de un nuevo contrato».
Además de la electricidad, el liquidador alerta en esta misma misiva, fechada el pasado 25 de abril, que no ha sido posible abonar el recibo de la póliza de seguro que había concertada con Generali. Entre las cuestiones que estaban contratadas destacan los incendios, robos, rotura de maquinaria, o fenómenos eléctricos, con una prima que asciende a unos 2.800 euros al trimestre. De esta manera, a día de hoy el edificio del CIOMijas no cuenta con ningún tipo de seguro para las contingencias mencionadas en el texto del liquidador.
Reprimenda a la Junta
El responsable de la liquidación del consorcio especifica que en estos momentos la cuenta bancaria de la entidad tiene una posición positiva de tan solo 173 euros. «Como ya hicimos en el pasado Consejo, reiteramos que esta situación no se hubiera producido, y lo que es más importante, ya se hubiera resuelto, si la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía cumpliera con la obligación de hacer efectiva su aportación al presupuesto de las operaciones de liquidación», sentencia.
En estos momentos, tanto el Ayuntamiento de Mijas como los liquidadores y, obviamente, los trabajadores se encuentran a la espera de que la Junta dé una respuesta sobre la última propuesta sobre la mesa para solucionar la situación de impasse en el que se encuentra el proceso de liquidación, y que ha provocado que los empleados llevan 31 nóminas sin cobrar.
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