Diario Sur

Condenan al Ayuntamiento de Mijas a pagar a un trabajador 6.000 euros por «daños morales» de Nozal

  • El TSJA considera que los comentarios del exalcalde en una red social suponen «una lesión del derecho a la dignidad y a la libertad sindical»

El Ayuntamiento de Mijas deberá pagar 6.000 euros a un trabajador del Consistorio después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya considerado en una sentencia que sufrió «daños morales» causados por comentarios en redes sociales del excalcalde del PP, Ángel Nozal, en los que se habría puesto en duda la labor sindical del empleado, que en aquel momento era coordinador de Playas.

Tal como ha podido saber SUR de fuentes municipales, este trabajador está afiliado a CC OO y es miembro del comité de empresa, así como representante de dicha organización en la misma, y hace uso del crédito horario por tal condición representativa. El exalcalde del PP realizó durante su mandato varios comentarios en Facebook haciendo alusión directa a este empleado.

«Y el sindicalista señor (...) cariñosamente conocido como «el chicharra» de comisiones obreras? Es capataz de playas. Y el señor capataz de playa pide irse de vacaciones en julio. Se le dice que no, que vamos, que como se quiere ir de vacaciones en plena temporada de playas y que hace? se coge horas sindicales en julio y agosto, sin aparecer por el puesto de trabajo y ahora pide noviembre más 4 días por no haber disfrutado de las vacaciones de verano, tiene arte y cara de cemento algunos sindicalistas, que en realidad no son sindicalistas, sino ‘asesores’ sindicalistas», escribe Nozal en uno de sus comentarios en su red social.

A su vez, en la sentencia queda como hecho probado que la edil y diputada provincial, Lourdes Burgos (PP), en aquel entonces responsable de personal, afirmó que el trabajador era «buen fontanero pero peor capataz».

Para el TSJA, los comentarios suponen una lesión del derecho a la dignidad del trabajador y a la libertad sindical. Ello es así porque, en primer lugar, se trata de afirmaciones directamente relacionadas con el modo en uso del crédito horario por parte del trabajador; en segundo lugar, porque fueron realizadas con publicidad a través de una plataforma de intercambio de información personal, comentarios y contenidos audiovisuales; y en tercer lugar porque fueron realizadas por quien tenía encomendada legalmente la jefatura de personal: el alcalde, entonces Ángel Nozal.

Asimismo, la sentencia judicial manifiesta que, «los actos del empresario que fueren contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores están considerados como una infracción muy grave en materia de relaciones laborales (...)».

La primera demanda interpuesta por el trabajador fue desestimada por el Juzgado de lo Social de Málaga, ahora estimada parcialmente en el recurso de suplicación interpuesto por el afectado.

En su relato, el demandante argumenta que dos concejales del Partido Popular (en aquel entonces en el gobierno), otro operario municipal y él se encontraban en la playa para la izada de banderas (nacional, azul y Qualifica). Cuando uno de estos trabajadores se disponía a elevar la insignia española uno de los ediles ordenó al afectado que fuese él el que izara la bandera de España, hecho al que accedió finalmente. Esta situación provocó el malestar del empleado por la combinación de fechas (día del comienzo de la Guerra Civil) y su conocida afiliación política (izquierda) además de la represión de su entorno sostenida durante la contienda, a lo que el afectado suma «risas y menosprecios» que refleja en su recurso.

Según el equipo de gobierno actual, al ser el popular alcalde de la ciudad en esos momentos ostenta la jefatura de personal y los comentarios tienen un «claro contenido denigratorio», no en tanto a adversario político, sino que solo reparaban en la actividad sindical llevada a cabo por el trabajador en el seno de la empresa que le unía con la entidad a cuyo frente estaba Nozal. Asimismo, critican que, «una vez más», el bolsillo de los mijeños se ve afectado por la manera de actuar del exalcalde, «quien se permitió, estando en el cargo de regidor, faltar a un empleado público», sentencian.

Por su parte, a edil y diputada provincial del PP, Lourdes Burgos, señaló: «La Audiencia Provincial ya desestimó este caso en su totalidad hace unos meses. El PP desconocía que éste hubiera llegado al TSJA así como el fallo. El PP apremia al equipo de gobierno a defender los intereses generales de los mijeños y a recurrir el fallo del tribunal andaluz, pues, como ya dijo la Audiencia Provincial, no se vulneró ningún derecho sindical ni laboral en este caso ni en ningún otro durante los cuatro años que dirigió el Consistorio».

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