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Multan con dos millones al Ayuntamiento de Fuengirola por retrasos en las obras de su sede

Desde el Ayuntamiento llamaron ayer «a la calma» a los vecinos del municipio.
Desde el Ayuntamiento llamaron ayer «a la calma» a los vecinos del municipio. / I. G.
  • Esta sentencia, ante la que cabe recurso, se une a otra de 2016 que condenaba a pagar 6,5 millones por el mismo concepto en el Polideportivo Elola

El Ayuntamiento de Fuengirola deberá pagar casi dos millones de euros a la empresa que realizó las obras en el propio Ayuntamiento por haberse retrasado en los pagos. La sentencia -ante la que cabe recurso de casación- fue dictada en las pasadas semanas por la Sección 3 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Málaga, que de esta manera resuelve -según la sentencia a la que SUR ha tenido acceso- de la misma manera que lo hizo el año pasado, condenado al Ayuntamiento por también haberse retrasado en el abono de las obras del Polideportivo Elola, aunque en ese caso la cantidad era de 6,5 millones.

Dicha sentencia viene de otra anterior, en la que un juzgado había desestimado la demanda de la empresa contratada para estas actuaciones. Tal como reza el texto, el Juzgado estima «íntegramente el recurso contencioso administrativo interpuesto, condenando al Ayuntamiento de Fuengirola a abonar a la actora la suma de 1.711.980,96 así como los intereses legales desde la interpelación judicial». Según expertos consultados, esta cantidad rondaría, finalmente, los 2 millones en total.

Esta condena es prácticamente similar a la del año pasado. Entonces, la empresa que construyó entre 2005 y 2008 el complejo sociodeportivo público Elola -una de las obras de mayor envergadura de la provincia, con una inversión de 20 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Fuengirola- endosó a los bancos el cobro de las certificaciones de obra, para obtener liquidez ante el retraso en los pagos por parte del Ayuntamiento.

Las entidades bancarias se acogieron posteriormente al Plan de Pago a Proveedores que lanzó el Gobierno central del Partido Popular para que las empresas pudieran cobrar las obras impagadas por los ayuntamientos. Sin embargo, la empresa planteó un contencioso administrativo para cobrar los intereses devengados por el retraso en el pago de dichas certificaciones.

Tal como ha ocurrido ahora, el tribunal entendió que no había lugar al pago de intereses, pero la empresa recurrió y la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le dio la razón, condenando al Consistorio de Fuengirola a pagar 5,5 millones de euros más lo intereses.

Desde el equipo de Gobierno, que ayer llamó a la «tranquilidad de los vecinos», consideran que este asunto es una mera «controversia jurídica», en la que el Ayuntamiento «defendió que se trataba de intereses correspondientes a certificaciones endosadas a los bancos». Además, señalan que se había advertido que en algunos casos los bancos se habían acogido a la línea de Pago a Proveedores, lo que conllevaba de «forma automática» la renuncia y extinción de los intereses.

Además, y tal como afirman fuentes municipales, otros tribunales superiores de justicia en España (por ejemplo el de Valencia) han resuelto en sentido favorable a la tesis del Ayuntamiento.

Reacciones

«Los argumentos del Ayuntamiento fueron aceptados en buena medida por el juzgado, que incluso llegó a condenar a la empresa al pago de costas del procedimiento», apuntan, para añadir que la empresa recurrió y el tribunal de apelación ha revocado la sentencia de primera instancia, «si bien cabe recurso de casación, que ahora mismo está en estudio por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento», sentenciaron. Por su parte, y una vez conocida la sentencia, el portavoz municipal de Ciudadanos, Javier Toro, exigió «responsabilidades» por esta condena. «La gestión del PP en Fuengirola es como una cebolla: cuantas más capas se quitan, más ganas entran de llorar».

Así de rotundo se mostró Toro, quien criticó duramente la aparición de esta nueva sentencia. «En menos de un año, los fuengiroleños hemos tenido conocimiento de dos sentencias: una de 6,5 millones de euros y esta nueva, que asciende a casi 2 millones, hasta hacer un total de 10 millones» derivados de esta «pésima gestión». «Pediremos explicaciones y responsabilidades sobre esta nueva condena», concluyó Toro.