Ciudadanos supedita su apoyo al presupuesto de Torremolinos a un recorte del 25% en la asignación a los grupos

Las cuantiosas retribuciones que reciben los grupos municipales del Ayuntamiento de Torremolinos vuelven a estar de actualidad. Ciudadanos supeditará su apoyo al presupuesto anual, aún sin elaborar, a la reducción de un 25 por ciento en las asignaciones que los cinco partidos políticos representados en la corporación reciben de las arcas locales, que arrastran una deuda cercana a los 200 millones de euros. Cada formación recibe del Ayuntamiento 500 euros mensuales fijos y otros 500 euros por concejal, también al mes, para cubrir sus gastos de de funcionamiento, importes bastante más elevados de las que se manejan en otros consistorios similares como el de Benalmádena. La formación naranja pretende reducir estos gastos y destinar la cantidad ahorrada, que rondaría los 45.000 euros, al Área de Bienestar Social.

El destino del dinero que los grupos municipales reciben cada mes continúa siendo una incógnita en Torremolinos. Ni el PP ni el PSOE, con presencia en la corporación desde la constitución del Ayuntamiento, han hecho públicas las cuentas de sus grupos en ningún ejercicio. Pese a que estas retribuciones tienen como objetivo el pago de los gastos generados por el desempeño de la actividad institucional, como material de oficina o ciertas necesidades de representación, la limitación de cargos de confianza ha propiciado que, en los últimos años, los partidos recurran a la externalización de servicios como el asesoramiento en comunicación, economía o derecho. El dinero, en cualquier caso, es gestionado por los propios concejales y se ingresa en la cuenta corriente específica creada por cada grupo municipal.

Torremolinos paga cerca de 180.000 euros anuales a sus partidos (PP, PSOE, Ciudadanos, Costa del Sol Sí Puede e Izquierda Unida), una cantidad que lo convierte en el tercer ayuntamiento de la provincia que dedica más dinero a los grupos políticos, solo por detrás de Málaga capital y Marbella, ambos con más concejales. En cuanto a los consistorios de 25 ediles, como el de Torremolinos, el importe presupuestado en el resto de la provincia para este fin es bastante menor, como demuestran los casos de Mijas (100.800 euros anuales), Benalmádena (98.400 euros), Fuengirola (72.000 euros) o Estepona (19.800).

La irrupción de nuevos partidos en el Consistorio ha puesto el foco de atención en estas retribuciones. Si a comienzos de legislatura fue Costa del Sol Sí Puede la formación que cuestionó el destino de estas asignaciones, ahora es Ciudadanos la que plantea una reducción del gasto en la partida para los grupos municipales, un asunto que decide el pleno de la corporación. Esta dotación económica debe contar con un importe fijo idéntico para todos los partidos representados y otro variable en función del número de concejales.

Control de gastos

En cuanto al control y publicación de estos gastos, la transparencia continúa siendo la gran asignatura pendiente de Torremolinos. Las cinco formaciones se comprometieron a hacer públicas sus cuentas hace más de un año, pero el PSOE, que gobierna en minoría, aún no ha habilitado ninguna herramienta para hacerlo posible, algo que ha generado críticas entre la oposición en varias ocasiones. La ley también establece que el interventor puede solicitar a los grupos que justifiquen sus gastos, pero hasta abril esta figura había sido ocupada de forma accidental en el Ayuntamiento, salvo breves excepciones y en contra de lo que dicta la ley, que contempla esta posibilidad cuando se trata de una situación provisional, ya que la accidentalidad no garantiza la independencia con que deben actuar estos funcionarios, responsables de fiscalizar la gestión municipal.

Los presupuestos de Torremolinos se encuentran en período de negociación. El PSOE debe recabar apoyos suficientes para sacar adelante las cuentas del Ayuntamiento, tumbadas en 2016 por la oposición. El rechazo al presupuesto del año pasado, presentado en junio, ha provocado que el Consistorio aún mantenga prorrogada la estrategia económica aprobada por el PP a finales de 2014, unas cuentas que, según el equipo de Gobierno, no reconocen la totalidad de la deuda municipal.

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