Diario Sur

Juzgan a la presidenta de la protectora de animales acusada de maltrato

::El Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga tiene previsto comenzar mañana el juicio contra la presidenta de la protectora Parque Animal de Torremolinos, para quien la Fiscalía pide cuatro años de prisión por el sacrificio «masivo», mediante «auténticas sesiones de exterminio», de casi 2.200 animales a los que, supuestamente, suministraba menos producto eutanásico y de forma incorrecta, lo que les provocaba «una lenta y dolorosa agonía». Inicialmente, el fiscal acusa a la que era responsable de este colectivo de los delitos continuados de maltrato animal e intrusismo profesional, por los que también acusa a un empleado de la protectora, aunque a éste en calidad de cooperador necesario. Además, a la presidenta de la asociación la acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por un particular.

En el escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso este periódico, el ministerio público explica que de las investigaciones se extrae que desde principios de 2008 y hasta al menos octubre de 2010, los acusados vinieron sacrificando animales domésticos de los recogidos en la asociación «de forma masiva e injustificada». Para la acusación fiscal, esto se realizaba «sin que hubiese causa que justificase la muerte», salvo «la falta de espacio en el centro y la prioridad que la acusada le daba a sus fines privados». Considera que la presidenta era la que «impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente», con la colaboración «imprescindible» del empleado, que se dedicaba a funciones de mantenimiento, limpieza de animales y dependencias.

Estos «sacrificios masivos» se realizaban, según la calificación inicial, «sin control veterinario de ninguna clase, administrando la acusada de su propia mano los productos eutanásicos a los animales, sin tener los conocimientos precisos, suministrando dosis por debajo de lo indicado, pero suficiente para causar la muerte», con el objeto, «de ahorrar costes» dedicar las instalaciones «con preferencia a los fines privados (de pago)».