Diario Sur

El Parlamento Andaluz investigará subastas del Ayuntamiento de Mijas durante el mandato del PP

  • La institución aprueba la petición en el pleno del Consistorio de Mijas de elevar la investigación a la Cámara de Cuentas

::El Parlamento de Andalucía asumirá la investigación de todos los expedientes de adjudicación directa de inmuebles (fincas, viviendas, garajes y locales) llevados a cabo por el Ayuntamiento de Mijas desde 2010 hasta 2015, ambos años inclusive, es decir durante el mandato del PP. Así fue aprobado por la Comisión de Hacienda y Administración Pública del ente regional en la sesión celebrada en Sevilla el pasado 13 de octubre, con registro de entrada en el Consistorio mijeño cinco días después.

Así, el Parlamento ha accedido a la solicitud, aprobada en el pleno del Ayuntamiento de Mijas del pasado mes de julio, de elevar la investigación sobre las subastas (entre las que se incluyen las denominadas 'subastas exprés') a la Cámara de Cuentas, que fiscalizará todos los expedientes de adjudicación directa de esos seis años.

La citada Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento Andaluz se basa en el artículos 6º 3 de la Ley 1/1988 de 17 de marzo y en el artículo 49.5 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía para pronunciarse de forma favorable a dicha petición.

El sindicato Manos Limpias denunció en octubre de 2015 ante los tribunales que el Ayuntamiento de Mijas lleva más de un lustro entregando de forma irregular cientos de propiedades de particulares a un valor muy reducido tras el impago de sus dueños de algunos impuestos y sin esperar al plazo establecido por si llegaba una oferta mejor. Tanto el sindicato como la formación política Costa del Sol Sí Puede Tic Tac (CSSPTT) se personaron como acusación particular para denunciar los hechos, abriéndose una investigación. Manos Limpias asegura que dispone de un listado de 73 adjudicaciones directas de propiedades en Mijas correspondientes a las subastas exprés que se sucedieron entre el 12 de diciembre de 2011 y el 26 de diciembre de 2014, a las que habría que añadir las del año 2015.

Aunque las adjudicaciones directas datan de muchos años atrás (algunas, de 2007), desde Manos Limpias consideraron que es un punto de partida para que continuara la investigación por parte del Juzgado de lo Penal. Algunas viviendas valoradas en más de 200.000 euros fueron subastadas por 20.000 euros pese a que la deuda contraída por su dueño no pasaba de los 2.500 euros, según Manos Limpias.

En muchos casos, las personas afectadas eran mayores o sufrían algún tipo de enfermedad. Las propiedades se adjudicaban «de forma exprés» en el plazo de un mes, sin que se esperara a los seis meses que marca la ley por si llegaba una oferta superior, según denunciaron desde el mencionado sindicato. Las denuncias, por supuestos delitos de falsedad, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y alteración de precio en subasta pública, de al menos tres particulares fueron la que destaparon los hechos.

Nozal, investigado

La desproporcionalidad existente entre el valor del inmueble y el precio final para el adjudicatario llevó al actual alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (Ciudadanos), a paralizar la presunta trama, en la que estarían implicados varios funcionarios del Ayuntamiento. Por estos hechos están siendo investigados tanto el exalcalde mijeño Ángel Nozal (PP), como el tesorero del Ayuntamiento, Antonio García López-Tello, y el cargo de confianza del PP Jorge Soler.

Maldonado anunció a mediados de octubre que paralizaba el procedimiento de las subastas denunciadas por Manos Limpias, al tiempo que consideraba que las denuncias de los particulares ante los tribunales «podrían hacer mucho daño a la inversión en el municipio si no se cumple la norma», si bien luego se creó una comisión de investigación de la que forman parte todos los grupos con representación política en el ayuntamiento, incluido el PP, siendo Francisco Martínez, concejal de CSSPTT el presidente de la misma.

«Más de 15 por ciento de las adjudicaciones de inmuebles se realizaron por deudas que rondaban los 1.000 euros y más del 41 por ciento se realizaron por deudas que rondaban los 3.000 euros e inferiores», expresó el entonces representante de Manos Unidas, Rafael Prieto.

El concejal de Urbanismo, Andrés Ruiz, ha preferido no pronunciarse sobre la investigación, mientras que Nozal consideró que «es lo mejor que puede pasar. Deseo que sea muy rápido y que le pongan medios para acabar de una vez con dimes y diretes. El PP colaborará al máximo».