Diario Sur

Los grupos piden responsabilidades al PP por las irregularidades económicas

  • CSSP presenta una moción de urgencia para pedir la dimisión de los siete ediles actuales que formaron parte del anterior Gobierno local

La corporación de Torremolinos continúa con las espadas en alto tras conocer los resultados de la auditoría externa que analiza la gestión económica de la anterior legislatura. Costa del Sol Sí Puede presentó ayer una moción urgente para su inclusión en la sesión plenaria que tendrá lugar mañana en la que solicita la dimisión de los siete concejales del Partido Popular que gobernaban durante la etapa auditada, desde 2011 hasta 2014, y que continúan formando parte del grupo municipal popular. El partido instrumental de Podemos sostiene que «la gravedad de las irregularidades contables» detectadas en el informe, cuyas conclusiones fueron publicadas la semana pasada por este periódico, «hipotecan el futuro y las inversiones» de Torremolinos. También el PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida reclaman «responsabilidades políticas» al PP.

Por su parte, los populares han trazado dos líneas de defensa claramente diferenciadas. El exalcalde, Pedro Fernández Montes, presidente del partido a nivel local, responsabiliza a los técnicos municipales, en concreto al exinterventor accidental y a la tesorera, de los incumplimientos revelados por la auditoría, entre los que se incluyen falta de control sobre las cuentas municipales, deudas millonarias sin reconocer, pagos sin IVA ni IRPF, subvenciones ilegales y facturas firmadas por personal de confianza que no estaba habilitado para labores de gestión. El grupo municipal, comandado por Margarita del Cid, concejala desde 1999 y secretaria general del PP de Torremolinos desde marzo, evita culpar a empleados municipales y alega que este tipo de auditorías privadas carecen de validez legal para certificar la situación financiera municipal.

«Debilidades contables»

Los populares insisten en que el informe «únicamente reconoce errores y debilidades contables» y denuncian que está siendo utilizado como «arma política» por el PSOE, que gobierna en minoría y el pasado viernes anunció que había trasladado el documento a la asesoría jurídica municipal para depurar posibles responsabilidades penales, un aviso que ya se ha producido en anteriores ocasiones esta legislatura sin que finalmente haya constado medida alguna por parte del gabinete jurídico del Ayuntamiento. Hasta el momento, ninguno de los partidos que exigen responsabilidades penales ha elevado el informe hasta la Fiscalía ni ha llevado el asunto hasta la vía judicial.

Ante esta inacción judicial y la severidad de las acusaciones contra el PP, Del Cid aseguró ayer mediante un comunicado que «no se pueden hacer afirmaciones como las que sustentan los argumentos de Costa del Sol Sí Puede, alejadas de la realidad y con el único objetivo de buscar la notoriedad que por su trabajo no consiguen». La portavoz popular acusa a los concejales de Podemos de «hacer juicios sumarísimos sin respetar ningún derecho ni garantía legal» y de «enfangar la actividad pública para intentar ocultar su completa falta de ideas y propuestas».

A la auditoría económica le seguirá otro informe, también de carácter externo, que analiza la legalidad de los contratos, convenios y subvenciones de la anterior legislatura, un documento ya finalizado pero cuyas conclusiones aún no han salido a la luz.