Diario Sur

Torremolinos investigará posibles responsabilidades penales en la gestión del PP

Fernández Montes era el principal responsable político durante la etapa auditada.
Fernández Montes era el principal responsable político durante la etapa auditada. / Alberto Gómez
  • El Gobierno local acusa a Fernández Montes de dejar el Ayuntamiento «en ruinas» y sostiene que hay «85 millones bajo la alfombra»

El Ayuntamiento de Torremolinos investigará posibles responsabilidades penales en las irregularidades reveladas por la auditoría externa de las cuentas municipales. El documento destapa falta de control sobre facturas y órdenes de pago firmadas por el exalcalde, Pedro Fernández Montes, deudas millonarias sin reconocer, subvenciones ilegales y desfases en el remanente de tesorería, entre otras prácticas que no se ajustan a la normativa. Los auditores emiten una opinión «desfavorable», la peor valoración posible en un documento de este tipo, sobre las cuentas presentadas durante el período fiscalizado, desde 2011 hasta 2014, al considerar que no reflejan la realidad económica del Consistorio.

El PSOE, que gobierna en minoría desde junio del año pasado, convocó una junta extraordinaria de portavoces con motivo de la filtración del informe, cuyos resultados fueron publicados ayer por este periódico. La portavoz socialista y primera teniente de alcalde, Maribel Tocón, acusó al PP de «dejar el Ayuntamiento en ruinas» e incidió en el desfase de más de 80 millones de euros detectado por los auditores en el remanente de tesorería. En concreto, el documento revela que el equipo presidido por Fernández Montes recogió en sus cuentas de 2014 un remanente positivo de 14 millones de euros pese a que los auditores concluyen que era de 70 millones en negativo. «No sabemos qué ha pasado con esos 85 millones de euros escondidos bajo la alfombra», aseguró Tocón, que calificó la gestión popular como «una mentira millonaria».

Tocón sostiene que, durante años, «la realidad económica de Torremolinos ha sido manipulada de forma sistemática» y no se ha ajustado al Plan de Saneamiento ni al resto de normativas. La portavoz socialista instó a Fernández Montes «a dejar de culpar a los trabajadores municipales y tener valentía política y talante», en referencia a las alegaciones presentadas por el exalcalde, que se desliga de las irregularidades detectadas y responsabiliza al exinterventor accidental y a la tesorera.

Respecto a la falta de información que los auditores señalan en reiteradas ocasiones en su informe, especialmente en los asuntos concernientes a la actual asesoría jurídica municipal, Tocón alega que en el Ayuntamiento existen «numerosas lagunas documentales» como consecuencia de la gestión del PP. Por su parte, Fernández Montes afirma que esta falta de información responde a un intento de «sembrar la duda» por parte del actual Gobierno local, del que asegura que «tiene la información» solicitada por la empresa auditora.

La auditoría no revela cuál es la deuda total del Ayuntamiento, que desde el Gobierno aseguran que asciende a más de 200 millones de euros. Los populares siempre han defendido que el débito es mucho menor. Fernández Montes, que continúa siendo presidente del PP local, llegó a asegurar en el pleno de investidura de su despedida que únicamente dejaba una deuda de 3,9 millones de euros. Tocón afirmó que el interventor está cuantificando la deuda, aunque no adelantó si el montante analizado hasta ahora se corresponde o no con la versión mantenida por el equipo presidido por José Ortiz, que ayer evitó comparecer para analizar la auditoría, uno de los principales acuerdos programáticos que le otorgó la vara de mando.

Irregularidades

Entre la decena de irregularidades detectadas por la auditoría destacan el visto bueno de los gastos del exalcalde por parte de su personal de confianza o de trabajadores que únicamente tienen potestad para realizar funciones de asesoramiento, sin estar habilitados legalmente para labores de gestión. Los auditores también señalan «discrecionalidad» en las órdenes de pago, ausencia de control en los patrimonios públicos de suelo, subvenciones que no se ajustan a la ley, desviaciones de financiación que no quedan contempladas en las cuentas finales del Ayuntamiento e incluso el calco de algunos apartados del presupuesto de un año a otro, como en el caso de los pagos a justificar.

Ciudadanos anunció que exigirá «responsabilidades políticas y judiciales» a la vez que hizo un llamamiento «para que prevalezca la presunción de inocencia». Costa del Sol Sí Puede aseguró que ha trasladado la auditoría «a personal experto» para encontrar «todas las posibles irregularidades». Izquierda Unida y el concejal no adscrito Juan Machío también adelantaron que solicitarán que se tomen las medidas judiciales necesarias. El Gobierno local llevará el asunto al próximo pleno, que tendrá lugar el jueves que viene.