Diario Sur

La auditoría detecta irregularidades también en dos empresas municipales de Torremolinos

La auditoría de las cuentas municipales será llevada al pleno la próxima semana.
La auditoría de las cuentas municipales será llevada al pleno la próxima semana. / A. G.
  • Como ocurriera con las cuentas del Consistorio, el informe emite una opinión «desfavorable» sobre la gestión de las sociedades públicas

La auditoría externa de las cuentas de Torremolinos, que ha desatado la mayor tormenta política de los últimos años en el municipio, también hace referencia al Patronato de Deportes y a la Agencia de Promoción y Desarrollo Local. Como ocurre con la situación financiera del Ayuntamiento, los auditores emiten una opinión «desfavorable», la peor de las valoraciones posibles, sobre la gestión de ambas empresas públicas. El análisis ha puesto de manifiesto «incumplimientos de la normativa aplicable» y la inexistencia de procedimientos de control que verificasen los documentos económicos y los expedientes de gastos. La auditoría revela que ninguna de las dos sociedades cuenta con un inventario aprobado o actualizado de bienes y derechos ni ha efectuado un seguimiento presupuestario ajustado a la ley, un escenario similar al detectado por los auditores en el Consistorio.

El Patronato de Deportes, que tiene asignado un presupuesto superior a los cuatro millones de euros anuales, no ha formalizado numerosas operaciones ni ha llevado a pleno sus expedientes extrajudiciales de crédito. Los auditores destapan que, en 2014, la empresa pública presentó un remanente de tesorería superior a los 50.000 euros, pese a que en realidad era de 162.101 euros en negativo, un desfase superior a los 210.000 euros. En cuanto a la Agencia Municipal de Promoción, la auditoría señala que no se ha aportado documentación que justifique que, como recogen las cuentas de esta empresa pública, los gastos de personal en 2011 y 2012 asciendan a 695.711 euros y 1,6 millones de euros, respectivamente.

Línea de defensa

Los auditores aclaran en su informe que su responsabilidad «es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales expresan la imagen fiel» de la verdadera situación económica del municipio, una prueba que no pasan ni el Ayuntamiento, con un presupuesto anual cercano a los cien millones de euros, ni las dos empresas analizadas. El exalcalde, Pedro Fernández Montes, mantiene su línea de defensa en las alegaciones presentadas a las auditorías de ambas sociedades y sostiene que se limitaba «a firmar la documentación que me presentaron los técnicos».

La auditoría del Ayuntamiento, cuyas principales conclusiones fueron publicadas el jueves por este periódico, tiene 15 apartados y más de 60 páginas que hacen referencia a las prácticas contables y administrativas, la ejecución del gasto, la gestión de los ingresos, la deuda, los presupuestos o la tesorería, entre otros asuntos. La falta de control y las numerosas debilidades de la fiscalización de la gestión del PP, que desde 1995 hasta 2015 encadenó cinco mayorías absolutas, es uno de los hilos conductores del informe.

El documento destapa subvenciones ilegales, deudas millonarias sin reconocer y el visto bueno de facturas establecidas por Fernández Montes y su personal de confianza, que formalizaban numerosos gastos pese a que únicamente tenían potestad para realizar funciones de asesoramiento, sin estar habilitados para labores de gestión. El Gobierno local ha trasladado estos incumplimientos a su asesoría jurídica para depurar posibles responsabilidades penales.

Gastos sin justificar

Uno de los puntos más controvertidos del informe, que analiza el período comprendido entre 2011 y 2014, es la «insuficiente» justificación de los gastos liquidados. Como ejemplo, los auditores han detectado que el responsable de Protección Civil recibía fondos que abonaba a los voluntarios de playas. Estos fondos, siempre según el informe, ascendieron a más de 428.000 euros durante la anterior legislatura y eran justificados mediante recibos en los que constan los datos de los voluntarios pero no las retenciones de IRPF, sin que tampoco se aplicase el IVA correspondiente al pago de los servicios prestados. Al no constar una memoria de las actividades desarrolladas «no es posible evidenciar la correcta justificación y finalidad de los fondos, y consecuentemente no podemos manifestar que las personas firmantes de los recibos sean quienes percibieron dichos fondos». Una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya condenó al Ayuntamiento al entender que el dinero que recibían estos voluntarios eran «salarios encubiertos» y no dietas, como figuraba en el concepto.

La auditoría no revela cuál es la deuda total del municipio, una tarea encargada al interventor, pero destapa que Torremolinos debía en 2014 más de 61 millones de euros a entidades bancarias y no había reconocido 38,4 millones de euros de su deuda con la Seguridad Social ni 15,6 millones de euros del débito que mantiene con el Ayuntamiento de Málaga, entre otros importes.