Diario Sur

Una auditoría externa revela decenas de irregularidades en las cuentas de Torremolinos

El informe concluye que las cuentas presentadas por el anterior Gobierno no se ajustan a la realidad.
El informe concluye que las cuentas presentadas por el anterior Gobierno no se ajustan a la realidad. / Alberto Gómez
  • Un informe destapa falta de control sobre facturas del exalcalde y su personal de confianza, ayudas ilegales y varias deudas millonarias sin reconocer en la anterior legislatura

La auditoría externa de las cuentas del Ayuntamiento de Torremolinos revela decenas de irregularidades cometidas durante la anterior legislatura. El informe financiero analiza los ejercicios comprendidos entre 2011 y 2014 y destapa numerosas prácticas que no se ajustan a la ley, entre ellas la falta de control sobre facturas y órdenes de pago establecidas por el exalcalde, Pedro Fernández Montes, y su personal de confianza. Los auditores concluyen que determinados gastos eran formalizados por trabajadores que únicamente tenían potestad para realizar funciones de asesoramiento o de confianza, sin estar habilitados legalmente para labores de gestión o de carácter técnico.

El documento, al que este periódico ha tenido acceso, incide en que las órdenes de pago «se establecían según criterios o discrecionalidad que establecía el alcalde o su personal de confianza y no según un plan de disposición de fondos aprobado formalmente» y destapa que el Ayuntamiento no dispone de una unidad de inspección de tributos ni de un inventario de bienes y derechos que haya sido aprobado o esté actualizado. Tampoco las cuentas municipales estiman «las desviaciones de financiación que han de calcularse al final de cada ejercicio» para ajustar el resultado presupuestario. Además, los auditores detectan un desfase de más de 80 millones de euros en el remanente de tesorería de 2014.

El Ayuntamiento de Torremolinos tampoco cuenta con expedientes que recojan los acuerdos de aprobación de las subvenciones otorgadas ni documentación que acredite la realización de los pagos. Durante los ejercicios analizados, y siempre según la auditoría, estas ayudas no han sido fiscalizadas por Intervención ni justificadas correctamente. Los auditores también revelan que la asesoría jurídica municipal no ha proporcionado la relación de litigios, reclamaciones o demandas en las que está implicado el Ayuntamiento.

Del informe, elaborado por una empresa externa tras un concurso público, se desprende que algunas partes de los presupuestos del Ayuntamiento han sido calcadas de un año a otro, sin reflejar la realidad financiera de las arcas municipales. De este modo, en el capítulo «pagos a justificar» aparece la misma cantidad (116.757 euros) en los cuatro ejercicios fiscalizados.

Los auditores sacan a la luz la ausencia de control en la gestión de los patrimonios públicos de suelo, que deben estar integrados en los presupuestos del Ayuntamiento. Los auditores afirman que el equipo presidido por Fernández Montes ha ocultado los gastos sin consignación presupuestaria y no ha llevado a pleno numerosos expedientes extrajudiciales de crédito. En cuanto al personal, el Ayuntamiento destinó en la anterior legislatura más de siete millones de euros a «incentivos al rendimiento», así como 34 millones de euros a las cuotas de prestaciones sociales. La auditoría, que determina que la justificación de los gastos liquidados es «insuficiente», emite una «opinión desfavorable» de las cuentas municipales en los cuatro años señalados, ya que «no expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Ayuntamiento». El informe analiza los últimos años de gestión económica del Partido Popular, que gobernó en Torremolinos desde 1995 hasta 2015, cuando Fernández Montes fue desalojado de la Alcaldía por un acuerdo entre el PSOE, Ciudadanos, Costa del Sol Sí Puede e Izquierda Unida que otorgó la vara de mando al socialista José Ortiz.

La puesta en marcha de una auditoría externa fue uno de los acuerdos programáticos del pacto de investidura. Los grupos políticos recibieron el martes los resultados del análisis financiero de las cuentas del Consistorio en la anterior legislatura, un documento hasta ahora custodiado por el interventor municipal a falta de que Fernández Montes, como principal responsable político durante los ejercicios fiscalizados, presentara sus alegaciones. El actual Gobierno municipal trasladará el asunto al próximo pleno, aunque no ha anunciado si tomará medidas judiciales.

Los auditores apuntan hacia otra posible ilegalidad en la ordenanza reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que establece que las personas empadronadas en Torremolinos durante más de dos años disfrutarán de una subvención sobre la cuota íntegra, una ayuda que desde 2011 hasta 2014 tuvo un coste superior a los 18 millones de euros para las arcas locales. La empresa responsable del análisis contable recuerda que una sentencia del Tribunal Supremo establece que los ayuntamientos carecen de competencias para incluir minoraciones de la cuota no contempladas en la Ley General Tributaria, como es el caso, por lo que el Consistorio torremolinense «no ha respetado el régimen normativo y ha hecho uso de competencias que no tiene atribuidas».

Diferencia de préstamos

Los auditores también revelan que los saldos de los numerosos préstamos que el Ayuntamiento mantiene con entidades bancarias cambiaron del 31 de diciembre de 2013 al 1 de enero de 2014. Como ejemplo, en el último día de 2013 el Ayuntamiento declaró un préstamo bancario de 550.305 euros que 24 horas después declaró de 984.404 euros. En total, la diferencia de los saldos de préstamos entre uno y otro día asciende a más de 15 millones de euros.

El documento también analiza algunas deudas del Ayuntamiento, aunque no revela cuál es el débito total del municipio. Según la auditoría, las cuentas anuales realizadas por el anterior Ejecutivo local no reflejan 15 millones de la deuda que Torremolinos mantiene con Málaga por los servicios prestados durante la segregación. También faltan por reconocer más de 38 millones de la deuda con la Seguridad Social y 27 millones de la deuda con la empresa Fomento de Construcciones y Contratas.

El desajuste detectado por los auditores es tal que, al final de su informe, incluyen un apartado de recomendaciones en el que sostienen que el Ayuntamiento debe someter su actividad económica «a los controles legalmente previstos que garanticen el cumplimiento de la legalidad y la eficiencia en el manejo de los recursos municipales».