Diario Sur

La reordenación del personal público enfrenta a los grupos municipales

El secretario municipal y la concejala de Personal se reunieron con más de 200 empleados.
El secretario municipal y la concejala de Personal se reunieron con más de 200 empleados. / A. G.
  • El PP acusa al Gobierno de generar «miedo laboral» y el PSOE recuerda que el Ayuntamiento fue condenado en 2007 por la ausencia de una RPT

La puesta en marcha de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en el Ayuntamiento de Torremolinos ha vuelto a desatar la caja de los truenos entre los grupos municipales. Pese a que la medida fue aprobada de forma unánime tras una moción plenaria presentada por Costa del Sol Sí Puede, la reordenación del personal público ya ha sido objeto de duras acusaciones entre el PSOE, en el Gobierno, y el PP. Los socialistas recuerdan que este procedimiento, que adecuará los puestos de trabajo «a las necesidades reales» del Consistorio, está contemplado en la Ley para la Reforma de la Función Pública y en el Estatuto del Empleado Público, y aseguran que «debería haberse aplicado hace muchos años para acabar con la inestabilidad laboral y con el clima de inseguridad y miedo que padecen los trabajadores del Ayuntamiento».

La concejala de Personal, Carmen García, y el secretario municipal se han reunido esta semana con cerca de 200 empleados del Consistorio, a quienes han trasladado «un mensaje de tranquilidad» asegurando que la RPT «es una obligación legal, además de un instrumento que dota de estabilidad, garantías y posibilidades de promoción interna que hasta ahora han brillado por su ausencia». García recuerda que la Sala de lo Contencioso de Málaga ya condenó al Ayuntamiento de Torremolinos en 2007 por no aplicar este procedimiento, basado en el análisis de los puestos de trabajo y los requisitos para su desempeño, y anuncia que ya se ha constituido una mesa negociadora con todos los sindicatos del municipio, con los que se reunirá «al menos una vez a la semana».

Los populares, en cambio, acusan al Gobierno local de «generar incertidumbre y miedo laboral» y de «haber dado la espalda» a los trabajadores municipales. La líder del PP en Torremolinos, Margarita del Cid, sostiene que «el desconocimiento y la actitud de la concejala de Personal ha provocado desasosiego entre los empleados, que no saben en qué medida van a verse afectados por la RPT», cuyo resultado será vinculante. Del Cid insta al Ejecutivo presidido por José Ortiz a «no dar un portazo a los trabajadores y a atender sus propuestas y necesidades». Desde el PSOE aseguran que la portavoz popular «utiliza a los empleados como arma política cuando el PP se ha aprovechado de la falta de una RPT para contratar a dedo, sin convocatoria pública ni valoración de méritos».

La situación laboral del Ayuntamiento de Torremolinos es una de las más peculiares de Andalucía. El Consistorio cuenta con más de 700 empleados, según la actual concejala de Personal, pero solo una treintena de funcionarios. Durante años, el Gobierno de Pedro Fernández Montes (PP) basó su gestión de los recursos humanos públicos en el encadenamiento de contratos temporales con independencia de la antigüedad de los trabajadores, una situación que el resto de partidos achacaban al interés del anterior Ejecutivo municipal por «mantener controlados a los empleados».

«Fraude de ley»

De este modo, algunos trabajadores llevaban encadenando contratos temporales desde 1998 hasta 2015, una situación que el PSOE considera «un fraude de ley» al no reconocer la condición de indefinidos que legalmente les correspondía. El actual Gobierno local comenzó en septiembre la reconversión de más de 300 empleados laborales temporales en indefinidos, una medida que Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores habían solicitado en 2007 y 2010.

Por su parte, Costa del Sol Sí Puede pedirá en el próximo pleno la elaboración de una auditoría interna de los recursos humanos del Ayuntamiento. El partido instrumental de Podemos, que en noviembre del año pasado denunció que «al menos cincuenta trabajadores municipales son familiares directos de los concejales del PP», pretende así «evaluar si el sistema de contratación se ha ajustado y se ajusta a la ley y acabar con los enchufismos».

También la exconcejala de Personal, Susana Chraibi (PP), y el portavoz de IU, David Tejeiro, han entrado en guerra estos días. Chraibi acusó a su sucesora de «hablar a los trabajadores como si fueran 'lelos', infravalorándolos para vender consenso y luego hacer todo lo contrario». Tras estas declaraciones, Tejeiro acusó a los populares de «cínicos» por «sembrar el alarmismo» después de haber «practicado el acoso laboral durante años, enchufando y violando los derechos fundamentales de los trabajadores, como demuestran siete condenas judiciales».