Puerto Marina precinta el ordenador de su exgerente para recuperar documentación

El ordenador del exgerente de Puerto Marina, José Manuel López Merino, permanece precintado desde hace algunos días. El Ayuntamiento de Benalmádena tratará de recuperar documentación de este equipo para completar la auditoría del recinto portuario, cuyas primeras conclusiones ya han sido trasladadas a la Fiscalía. A instancia del interventor, responsable de la fiscalización de las cuentas del Puerto, la Concejalía de Economía solicitó mediante decreto que el ordenador utilizado por López Merino fuese devuelto a los fondos municipales. López Merino fue vicepresidente de Unión Centro Benalmádena (UCB), la formación presidida por Francisco Salido que fue llave de gobierno en la anterior legislatura, y permanece imputado por presuntas irregularidades en Puerto Marina y en el comedor social.

El papel de López Merino resulta clave para entender el escenario político municipal en la anterior legislatura. Su condena a seis meses de cárcel por ejercer como abogado sin estar colegiado, una pena sustituida por el pago de una multa superior a los 3.600 euros y la inhabilitación para cargo público, provocó que la exalcaldesa, Paloma García Gálvez (PP), solicitara su destitución inmediata. Ante la inacción de Salido, por entonces concejal del Puerto, la exregidora rompió en noviembre de 2014 el pacto de gobierno con UCB, partido con el que había presentado una moción de censura en 2012.

El Área de Intervención intenta ahora rescatar los archivos del ordenador de López Merino con el objetivo de concluir la auditoría puesta en marcha hace algo más de un año, tras la llegada del PSOE a la Alcaldía. El interventor elaboró en verano un informe especial que reveló que el Puerto adjudicó el 66,19 por ciento de sus contratos entre 2011 y 2015, por valor de más de 2,9 millones de euros, a una serie de sociedades a nombre de tres empresarios.

Investigación

La investigación interna concluye que muchas de estas empresas fueron creadas semanas antes de que los proyectos salieran a concurso y que, pese a pertenecer al mismo administrador, competían entre sí para dotar de «una falsa apariencia de legalidad» a los procedimientos de adjudicación, una obra de ingeniería societaria que podría ser constitutiva de delitos de fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación.

UCB gobernó con el PSOE e IU desde mayo de 2011 hasta junio de 2012, y con el PP desde entonces hasta la mencionada ruptura del pacto en 2014. En su extenso informe, el interventor acusa a Salido y López Merino de «facilitar las adjudicaciones y mejorar el lucro de los contratos». Entre las supuestas irregularidades destapadas por la auditoría aún sin concluir destaca el fraccionamiento de contratos «con la finalidad de disminuir su cuantía y eludir los requisitos de publicidad», la aparición de ofertas «con indicios de manipulación», presuntas ilegalidades en las mesas de contratación e incluso la elaboración de falsos presupuestos.

Intervención, que no descarta trasladar a la Fiscalía nuevos casos detectados durante la investigación, pretende completar la auditoría, que se encuentra en su última fase, con los archivos que puedan rescatarse del antiguo ordenador de López Merino.

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