Diario Sur

La Junta General del Palacio de Congresos ratifica hoy su disolución por pérdidas

La Junta General del Palacio de Congresos de Torremolinos, empresa de capital municipal, ratificará hoy su disolución por acumular pérdidas durante dos años consecutivos, en 2013 y 2014. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local obliga a tomar esta medida, como recordó el Ministerio de Economía y Hacienda en un escrito remitido al Ayuntamiento el 22 de julio. El Palacio de Congresos, que dejará de ser una empresa municipal, debería haber puesto en marcha un plan de corrección de su desequilibrio económico antes del 31 de diciembre de 2014. Ante la ausencia de un plan financiero, la ley determina la disolución automática del consorcio.

El asunto deberá ser llevado a pleno tras su aprobación por parte de la Junta General. Torremolinos pierde así una de sus principales empresas públicas, aunque también una de las más deficitarias. El presupuesto del Palacio de Congresos asciende a cerca de 1,5 millones de euros al año. El Gobierno municipal ya anunció en verano su intención de subrogar a la plantilla al completo, formada por cerca de una veintena de trabajadores, y de gestionar de forma directa el recinto y su programa de actividades.

Déficit real

Las pérdidas acumuladas durante los años señalados ascienden a poco más de 23.000 euros, aunque el déficit real de la sociedad es mayor. El Ayuntamiento ha ingresado dinero de forma periódica para equilibrar los gastos e ingresos de esta empresa municipal, un asunto denunciado en anteriores legislaturas por la oposición. El PP, al frente del Gobierno local desde 1995 hasta 2015, alega que «existen otros mecanismos» que el PSOE, en la Alcaldía desde junio del año pasado, podría haber llevado a cabo: «Les interesa más la disolución porque así pueden culpar al PP».

Por su parte, Costa del Sol Sí Puede envió ayer un comunicado anunciando su intención de abandonar los consejos de administración de las empresas públicas al considerar que «no toman decisiones importantes ni diseñan las directrices de funcionamiento» de estas sociedades. «Es ridículo que formemos parte de los consejos si al final es el consejero delegado quien toma todas las decisiones», asegura la concejala Josefina Serdio. El partido instrumental de Podemos también insta al Gobierno socialista a «cumplir con la ley de transparencia y la legalidad en los procesos de contratación».