Diario Sur

Fernández Montes se desliga de «posibles irregularidades» en las cuentas de Torremolinos

Fernández Montes, en una imagen de archivo.
Fernández Montes, en una imagen de archivo. / SUR
  • El exalcalde responsabiliza a Tesorería e Intervención de los incumplimientos recogidos en la auditoría externa, que tacha de «arma política»

La auditoría externa de las cuentas del Ayuntamiento de Torremolinos en la pasada legislatura, un documento que continúa custodiado por el interventor a falta de que se presenten las últimas alegaciones, promete agitar el escenario político municipal en las próximas semanas. El exalcalde, Pedro Fernández Montes, envió ayer un comunicado para desligarse de «posibles errores» en la rendición de cuentas durante su etapa como primer edil. Aunque aún se desconoce el resultado de la auditoría, el secretario municipal ha elaborado un informe que revela que Fernández Montes «menciona en reiteradas ocasiones a la tesorera y al interventor como presuntos responsables de los incumplimientos puestos de manifiesto» en el documento.

El exregidor cuestiona «la solvencia técnica» de la auditoría, que fue adjudicada mediante concurso público, y asegura que «muchas de las disfunciones denunciadas no son acertadas, según señalan mis abogados». En cuanto a su responsabilidad en las supuestas irregularidades que podrían destaparse, Fernández Montes, alcalde desde 1995 hasta 2015, alega que se limitaba «a firmar los voluminosos estados de cuentas elaborados por los funcionarios, como hacen la inmensa mayoría de alcaldes de España, por no decir todos». El exregidor y actual presidente del Partido Popular en Torremolinos considera que la auditoría «es un arma política y electoralista» del PSOE, aunque desde el Gobierno municipal recuerdan que la puesta en marcha de un análisis independiente de las cuentas del Ayuntamiento fue uno de los acuerdos programáticos en torno a los que se fraguó la investidura del socialista José Ortiz, elegido alcalde al obtener los apoyos de Ciudadanos, Costa del Sol Sí Puede e Izquierda Unida.

Tras conocer el resultado de la auditoría, el interventor municipal remitió el documento a Fernández Montes para que presentara alegaciones. El exalcalde dispuso de quince días para analizar el texto y solicitó una prórroga de otros veinte días, una petición que finalmente quedó reducida a una semana, el plazo máximo permitido por ley. Debido a las continuas menciones a Intervención y Tesorería recogidas en las alegaciones de Fernández Montes, el Ayuntamiento envió el documento a los responsables de ambas áreas durante el período fiscalizado. Su plazo de alegaciones finaliza el sábado, por lo que previsiblemente el Gobierno municipal hará público el resultado de la auditoría la próxima semana.

En su comunicado, Fernández Montes recuerda que los presupuestos han sido fiscalizados y aprobados por la Cámara de Cuentas de Andalucía y se desliga de posibles irregularidades: «Cualquier error cometido por acción u omisión de los funcionarios en el desempeño de sus funciones y atribuciones, sin que me hubieran sido advertidos, es totalmente ajeno a mi responsabilidad». El exalcalde sostiene que la auditoría «tiene el claro objetivo de desprestigiar a mi persona» y califica de «brillante» su propia gestión «económica, política y social».

Fernández Montes también desvela que, respecto a algunos asuntos, los auditores aseguran que no se les ha facilitado la documentación necesaria, algo que el exalcalde achaca a la intención del PSOE de «sembrar la duda». Respecto a la deuda municipal, Fernández Montes aseguró en el pleno de investidura que ascendía únicamente a 3,9 millones de euros, como consta en el acta de aquella sesión. Poco después de llegar a la Alcaldía, el Gobierno socialista aseguró que la deuda del Ayuntamiento era superior a los 200 millones de euros. En su comunicado, el exalcalde sostiene ahora que la deuda es «algo superior al presupuesto de un año», que ronda los cien millones de euros.

La auditoría aclarará de forma definitiva cuál es la deuda municipal, uno de los principales motivos de disputa entre el PP y el PSOE en los primeros meses de legislatura. Además, el exregidor afirma que el supuesto débito de 200 millones de euros «estaría más que justificado por la creación de un patrimonio inmobiliario valorado por los técnicos municipales en 575 millones de euros e inversiones en infraestructuras por valor de 310 millones de euros», un escenario que deja, según Fernández Montes, «los mejores equipamientos de cualquier municipio de la Costa del Sol».

El nuevo Gobierno local convocó dos concursos públicos para auditar la situación del Ayuntamiento desde 2011 hasta 2014, uno de carácter económico y otro legal. La auditoría económica fue adjudicada a una empresa madrileña por 23.900 euros, mientras que el procedimiento de carácter legal fue asignado a una firma malagueña por 37.300 euros.