Diario Sur

Ciudadanos exige la suspensión de cargo y sueldo de su exportavoz en Benalmádena por «tránsfuga»

Jiménez entró al Gobierno, donde es segundo teniente de alcalde, tras ser expulsado de Ciudadanos
Jiménez entró al Gobierno, donde es segundo teniente de alcalde, tras ser expulsado de Ciudadanos / A. G.
  • El segundo teniente de alcalde entró a gobernar tras ser expulsado de la formación naranja por un «pacto encubierto» con el PSOE de Víctor Navas

Ciudadanos mantiene la ofensiva iniciada en abril contra su exportavoz en Benalmádena, Bernardo Jiménez, que entró en el Gobierno municipal presidido por el PSOE tras ser expulsado de la formación naranja por un «pacto encubierto» con los socialistas. Los de Albert Rivera consideran que Jiménez «debe ser declarado tránsfuga» y solicitan su suspensión de cargo y sueldo por impedir que gobernara la lista más votada, en este caso el Partido Popular. Jiménez y sus dos compañeros de bancada, Óscar Ramundo y Beatriz Olmedo, cuyos casos también han sido trasladados a la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, votaron a favor de Víctor Navas. El candidao socialista fue investido alcalde con el apoyo de quince de los veinticinco ediles de la corporación municipal.

El reparto de sueldos en el organigrama presentado por Navas, que asignó los mismos salarios a los concejales que apoyaron su investidura y pasaron a la oposición (Ciudadanos y Costa del Sol Sí Puede) que a los miembros del Gobierno municipal, inicialmente formado por el PSOE, Izquierda Unida y Alternativa por Benalmádena, hizo saltar la alarma en la dirección de la formación naranja y en el Consejo de Coordinación Andaluz de Podemos. Ciudadanos expedientó a sus tres ediles, que en un primer momento anunciaron que renunciarían a los sueldos, un hecho que nunca se produjo, y acabó expulsando a Jiménez. Tras esta decisión, y antes de que se resolvieran sus expedientes, Ramundo y Olmedo solicitaron la baja como militantes y pasaron al grupo no adscrito junto a Jiménez. Los concejales se negaron a entregar sus actas y dejaron a Ciudadanos sin representación en el Ayuntamiento de Benalmádena, donde había sido la tercera fuerza más votada.

No adscritos

Ya como no adscritos, los tres ediles entraron a gobernar en el Ejecutivo liderado por Navas, a cuya coalición se sumaron los dos concejales de Costa del Sol Sí Puede pese a la advertencia de Podemos Andalucía, que días antes había mostrado su rechazo a esta posibilidad. El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, envió en abril un escrito a la Secretaría de Estado y al Ministerio de Administraciones Públicas para que declarase tránsfugas a los concejales expulsados de sus filas. La formación naranja se reitera ahora en esta petición, que aseguran que está avalada por un acuerdo alcanzado en 2006 por los partidos firmantes del Pacto Antitransfuguismo. Este acuerdo define como «tránsfugas» a los representantes electos que traicionaron a sus partidos «apartándose del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas» o a los cargos públicos que, una vez expulsados, «pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno».

Ciudadanos también solicita que Navas sea considerado «beneficiario de transfuguismo». En caso de que la petición de la formación naranja sea aceptada, sus tres exconcejales perderían los sueldos asignados en junio. En una entrevista concedida a SUR tras su expulsión, Jiménez alegó que no apoyó al PP por la investigación judicial abierta a su candidata, Paloma García Gálvez, y aseguró haber contado con el visto bueno del partido. Por su parte, Navas justificó el reparto de sueldos por la necesidad de «garantizar la estabilidad» del municipio tras las mociones de censura presentadas por los populares en 2009 y 2012.

Fuentes consultadas sostienen que Jiménez, que también formó parte del Partido Andalucista, baraja la opción de crear una nueva formación junto a sus dos compañeros del grupo no adscrito. Desde el PP, en la oposición, acusan a Navas y a sus ediles de «haberse burlado de Benalmádena» y de haber «comprado sillones y voluntades con dinero público».