Diario Sur

Técnicos de Puerto Marina se negaron a firmar facturas hasta la salida de UCB

El Ayuntamiento revela «pagos que no se ajustan al contrato». :: a. g.
El Ayuntamiento revela «pagos que no se ajustan al contrato». :: a. g.
  • Los trabajadores llegaron a advertir a la exalcaldesa de las supuestas irregularidades cometidas por su socio de gobierno, investigado por la Fiscalía

Varias de las facturadas emitidas al Puerto Deportivo de Benalmádena durante la anterior legislatura, bajo gestión del exprimer teniente de alcalde Francisco Salido, no cuentan con el visto bueno de los técnicos municipales. Las presuntas irregularidades destapadas por el Área de Intervención del Ayuntamiento eran un secreto a voces entre los empleados del recinto portuario. La actual concejala responsable del Puerto, Encarnación Cortés, asegura que uno de los trabajadores llegó a enviar varios escritos, registrados en el Consistorio, alertando a la entonces alcaldesa, Paloma García Gálvez, sobre las supuestas ilegalidades de su socio de gobierno, a quien acabó destituyendo en noviembre de 2014, después de que el número dos de Unión Centro Benalmádena, José Manuel López Merino, mano derecha de Salido, fuera condenado por ejercer como abogado sin estar colegiado.

La auditoría interna de las cuentas de Puerto Marina, realizada por el interventor municipal, revela algunas de estas negativas por parte de los técnicos. Como ejemplo, el contrato de arrendamiento de servicios de mantenimiento de jardines fue adjudicado a una de las sociedades del empresario M. S. I. P., perteneciente al entorno de UCB -diversas fuentes aseguran que durante las elecciones municipales de 2011 se encontraba en la sede de UCB- y administrador único de varias mercantiles, algunas de ellas constituidas poco antes o después de los citados comicios, que facturaron más de 1,4 millones de euros al Puerto entre 2011 y 2014, siempre según el informe del interventor. Una de las empresas de M. S. I. P. firmó el contrato de mantenimiento de jardines apenas tres meses y medio después de su constitución. El precio estipulado, 107.604 euros anuales, supera con creces el importe previsto para este servicio y rebasa la cantidad máxima permitida para contratos menores (18.000 euros), por lo que debió ser licitado por el Puerto.

Disconformidad

La empresa facturó desde agosto de 2011 hasta junio de 2014 más de 390.000 euros por este concepto. Desde la dirección del Puerto justificaron la decisión de no licitar los trabajos por la necesidad de que el Área de Parques y Jardines del Ayuntamiento emitiera un informe sobre el asunto «dada la complejidad de la parte técnica de las ofertas presentadas» y por la ausencia de una mesa de contratación. Como alternativa, el Puerto solicitó tres presupuestos a tres sociedades, todas ellas manejadas por M. S. I. P., siempre según el informe del interventor. Desde el Ayuntamiento detectan ahora «excesos facturados y pagos que no se ajustan al contrato». Pese a que los técnicos debían comprobar que el servicio se había prestado correctamente antes de que la dirección abonase importe alguno, las facturas no cuentan con la conformidad de los técnicos del Puerto, que incluso aseguran, mediante anotaciones y durante los tres años que se prolongan los pagos, que los jardineros no acudieron a trabajar o que el servicio se había realizado con solo un jardinero. A pesar de no ser aprobadas por los técnicos, las facturas fueron abonadas en su totalidad.

En otros casos, el interventor detecta irregularidades en las mesas de contratación, como en la adjudicación del servicio de limpieza del Puerto. Uno de los funcionarios designados por la antigua dirección de la empresa municipal, bajo gestión de UCB, permanece investigado por una presunta trama de obras irregulares después de que la Fiscalía lo acusara de falsear más de 70 contratos. Fue propuesto por el propio Salido, según consta en un informe. Tras ser advertida por el interventor, García Gálvez rechazó que este técnico formara parte de la mesa de contratación.

La auditoría puesta en marcha por el Gobierno de coalición presidido por el socialista Víctor Navas, cuyos resultados ya han sido trasladados a la Fiscalía, revela que el Puerto adjudicó el 66,19 por ciento de sus contratos entre 2011 y 2015, por valor de más de 2,9 millones de euros, a una serie de sociedades a nombre de tres empresarios. La investigación interna concluye que muchas de estas empresas fueron creadas semanas antes de que los proyectos salieran a concurso y que, pese a pertenecer al mismo administrador, competían entre sí para dotar de «una falsa apariencia de legalidad» a los procedimientos.