El Ayuntamiento de Torremolinos mantendrá las ayudas al IBI pese a la denuncia del abogado del Estado

En su escrito, el abogado del Estado sostiene que estas ayudas no están contempladas en la normativa estatal reguladora del IBI «con la inherente lesión al principio de capacidad tributaria». La Delegación del Gobierno en Andalucía asegura que las ayudas para empadronados y pensionistas, entre otros sectores de población, «no están recogidas en la legislación, careciendo el Ayuntamiento de competencias para incluir estas subvenciones», salvo en los casos de familias numerosas y viviendas de protección oficial, bonificaciones que sí contempla la Ley.

El equipo de Ortiz asegura que la demanda «fue ordenada por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, miembro destacado del PP andaluz» y acusa a los populares de «deslealtad con el municipio y de anteponer los intereses personales y de partido por encima del interés de las familias empadronadas que se benefician de la reducción en el IBI». En un comunicado, enviado desde el Ayuntamiento, el Ejecutivo local insta al PP de Torremolinos a explicar «las razones por las que durante más de 12 años han aprobado subvenciones a los empadronados sin que les preocupe su supuesta ilegalidad, mientras que ahora, después de perder la Alcaldía, el delegado del Gobierno, nombrado por el PP, da instrucciones para ir contra esas mismas ayudas».

La secretaria general del PP en Torremolinos, Margarita del Cid, sostiene que su grupo municipal tuvo constancia de la demanda «por casualidad, mientras repasaba decretos» y acusa al Gobierno municipal de «falta de transparencia». También la concejala popular Encarnación Navarro exige al edil de Economía, Pedro Pérez, que aclare «cuáles han sido los medios puestos en marcha para defender los intereses de los empadronados o los trámites realizados por el Ayuntamiento, visto el requerimiento de la Subdelegación del Gobierno, que otorga al Ejecutivo local un mes para anular la modificación de la ordenanza o defender su legalidad».

Reducción del IBI

Por su parte, desde el Área Economía recuerdan que el nuevo equipo de Gobierno redujo el IBI del 1,16 al 0,98 por ciento, lo que se conlleva una bajada media del 15,52 por ciento en las facturas de este año, aunque la subida del valor catastral, que no depende del Ayuntamiento, limitará ese descenso en cerca de un siete por ciento. Un informe del secretario general revela que la ordenanza será modificada para su aplicación en 2017, «eliminando cualquier contenido que no sea conforme a ley». Esta medida será compensada mediante la dedicación de una partida de 4,5 millones de euros para conceder ayudas a las familias más necesitadas del municipio, «con el objetivo de paliar las consecuencias que pudiera causar la desaparición de esta bonificación».

Pese a que el informe del secretario municipal aclara que «la mera interposición de un recurso contencioso administrativo contra la ordenanza no supone la suspensión de la misma, ni tan siquiera la suspensión de sus efectos», el Tribunal Supremo ya dictó en 2012 una sentencia contraria a las subvenciones a empadronados puestas en marcha por el Ayuntamiento de Fuengirola. El Tribunal Supremo determinó que «permitir una rebaja del 30 por ciento en el pago de la cuota del impuesto por el simple hecho de estar empadronado no puede considerarse una subvención» y concluye que «es patente» que el empadronamiento «no encaja en el concepto de subvención».