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Condenan al Ayuntamiento de Torremolinos a pagar 160.000 euros por no dar de alta a voluntarios de playas

El TSJA determina que el anterior Gobierno local mantenía una relación laboral «encubierta» con los socorristas, a quienes pagaba 40 euros al día en concepto de «dietas»

Alberto Gómez

Viernes, 8 de julio 2016, 01:18

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El Ayuntamiento de Torremolinos deberá pagar más de 160.000 euros por no haber dado de alta en la Seguridad Social a los voluntarios de playas en 2013. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Social número 10 de Málaga, que considera que el Consistorio mantenía una relación laboral «encubierta» con estos voluntarios, a quienes pagaba 40 euros al día en concepto de dietas. La resolución judicial, a la que este periódico ha tenido acceso, resulta demoledora contra las retribuciones asignadas por el anterior Gobierno local del Partido Popular, al que acusa de haber camuflado una relación laboral contrastada bajo un falso servicio de voluntariado, sin haber dado de alta a los trabajadores.

El juez, además, recuerda que el voluntariado se caracteriza por llevarse a cabo «sin contraprestación económica, más allá del derecho al reembolso de los gastos que el desempeño de la actividad ocasione». En este caso, sin embargo, los voluntarios de Protección Civil llegaban a recibir al mes una cantidad «muy superior al salario mínimo interprofesional», por lo que esos importes «no pueden ser calificados como compensación por las molestias causadas» sino como «sueldos encubiertos». La sentencia hace referencia al verano de 2013, cuando la Tesorería General de la Seguridad Social interpuso una demanda contra el Ayuntamiento y los supuestos voluntarios. La Inspección de Trabajo confirmó que se trataba de una relación laboral, por lo que liquidó las cuotas correspondientes.

Alegaciones

El Ayuntamiento presentó alegaciones en mayo de 2014 y, más tarde, recurrió la sentencia del Juzgado de lo Social. El TSJA, sin embargo, considera probada la existencia de un trabajo continuado de vigilancia y socorrismo y subraya que el Consistorio, pese a abonar mensualmente la cantidad resultante de multiplicar 40 euros por día a cada voluntario, no exigía la presentación de ninguna justificación de gastos. El juez también señala que el personal «estaba sujeto a un horario que era organizado semanalmente por el jefe del servicio».

Pese a que la Inspección de Trabajo sólo investigó el verano de 2013, fuentes municipales sostienen que se trata de una práctica continuada e iniciada en 1996, un año después de que Pedro Fernández Montes accediese a la Alcaldía. En concreto, el Ayuntamiento ha sido condenado al pago de una sanción de 126.603 euros y de la liquidación por cuotas de la Seguridad Social, que asciende a 35.758 euros. El secretario municipal también se muestra contundente al respecto y asegura, en un informe, que las dietas abonadas a los voluntarios de Protección Civil «son un salario encubierto», por lo que insta al actual Gobierno local a ajustarse a la ley.

Tras conocer el informe del secretario municipal, ratificado por un reparo similar del Área de Intervención, el Ejecutivo presidido por José Ortiz sacó ayer a concurso, con carácter urgente, la contratación administrativa de una empresa para cubrir el servicio de salvamento y socorrismo en las playas del municipio hasta el 30 de septiembre. Desde el Ayuntamiento aclaran que el servicio «no dejará de prestarse en ningún momento» y lamentan «el perjuicio económico que la gestión del anterior equipo de Gobierno del PP está ocasionando a las arcas municipales».

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