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Benalmádena lleva a los tribunales las irregularidades de una de sus empresas

El Ayuntamiento interpondrá una querella criminal por un supuesto delito societario cometido en Provise durante la etapa de UCB y PP

ALBERTO GÓMEZ

Viernes, 17 de junio 2016, 00:58

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El Ayuntamiento de Benalmádena llevará a los tribunales las presuntas irregularidades detectadas en Provise, la empresa municipal responsable de las viviendas sociales y la zona azul. Después de que un informe interno revelase la existencia de numerosos pagos sin justificar, los más llamativos a una empresa de frutas en concepto de inspección técnica de viviendas, el Consistorio ordenó al nuevo secretario del consejo de administración y letrado de esta sociedad pública una relación de las posibles acciones judiciales a entablar tanto por vía civil como penal. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, recomienda la interposición de una querella criminal contra la exconsejera delegada de Provise y exconcejala de Unión Centro Benalmádena (UCB), Concepción Tejada, así como contra su exgerente, Francisco Campanario, y su exsecretaria, Raquel Zapata, por un supuesto delito societario.

Provise fue gestionada por UCB desde 2011 hasta noviembre de 2014. Los hechos denunciados se remontan a octubre de 2012, cuando los independientes gobernaban en coalición con el Partido Popular. Aquel mes, según los informes internos de Provise, comenzaron a realizarse una serie de pagos a la empresa Distbal, que en total recibió más de 16.000 euros de la sociedad pública por una supuesta inspección técnica pese a dedicarse al «comercio de frutas y hortalizas», como figura en las bases de datos consultadas. El domicilio fiscal de Distbal, siempre según los informes a las que ha tenido acceso SUR, coincide con el de la hermana de Zapata, por entonces secretaria del consejo de administración y socia de la pareja de Campanario. Ambos pertenecían al círculo de confianza del presidente de UCB, Francisco Salido. La falta de documentación que pruebe que la empresa realizó la citada inspección, salvo un correo electrónico enviado desde la dirección de la propia Zapata, despertó las sospechas del PSOE, por entonces en la oposición.

El actual alcalde, Víctor Navas, hizo públicas sus dudas sobre la situación de Provise en el pleno de octubre de 2014, cuando era líder de la oposición. Navas solicitó los datos censales de Distbal a la entonces concejala responsable de la empresa municipal. «Los voy a pedir, para que te quedes tranquilito», respondió Tejada. El ahora regidor también preguntó qué motivos llevaron a adjudicar el contrato a la empresa de frutas. «Era la más económica», alegó Tejada. Navas replicó que la diferencia no pasaba de 300 euros y la concejala zanjó el asunto, visiblemente molesta: «Se miran mucho los precios, hijo, que está la cosa muy mala». Tejada era por entonces mano derecha de Salido, imputado por presuntas irregularidades en Puerto Marina y el comedor social.

El documento redactado por el letrado de la sociedad municipal también recomienda al Ayuntamiento que reclame los más de 43.000 euros que tuvo que abonar a la Agencia Tributaria por sanciones, recargos e intereses en la presentación de declaraciones y liquidaciones. De esta cantidad tendrían que responder, asegura el letrado, los exadministradores y el exgerente de la empresa, así como la asesoría de la que era responsable el marido de Zapata, que llevaba las cuentas de la sociedad y a cuyo nombre aparece una de las facturas de la polémica inspección técnica.

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