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Juan Cano
Jueves, 11 de febrero 2016, 01:08
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Lo descubrió un día, por casualidad, tras acudir a Hacienda para hacer una gestión. Cuando consultó sus datos en un buscador de multas por Internet, descubrió que tenía 47 denuncias que, con los recargos, ascienden a un total de 5.640 euros. Todas en un mismo radar de tramo de Mijas por ir a unos 100 kilómetros por hora (o incluso menos) donde la velocidad está limitada a 80.
El conductor, que es vecino de Arroyo de la Miel (Benalmádena), utiliza casi a diario la A-7 (antigua N-340) para acudir a su trabajo y, según sostiene, no se había percatado de la instalación del dispositivo de control de velocidad. Y no lo descubrió antes porque, asegura, no recibió ni una sola notificación de la Dirección General de Tráfico (DGT) en su domicilio.
El usuario, representado por el despacho Ruiz Rey Abogados, ha presentado sendos recursos ante la propia jefatura provincial y al Tribunal Económico-Administrativo al considerar que el procedimiento está «viciado» desde el origen porque no se le notificaron las denuncias y, por tanto, se le privó de la posibilidad de recurrirlas... Y de saber que lo estaban multando cada mañana cuando iba al trabajo.
Cuando descubrió que Hacienda se las reclamaba, ya en vía de apremio y con recargo, acudió a la DGT y solicitó los expedientes. «Sólo sacó copia de cinco, porque le cobraron 8,30 euros por cada uno de ellos», explica el abogado que lo asiste, Juan Ricardo Ruiz Rey.
Al examinar la documentación, comprobó que la DGT había remitido las notificaciones a un antiguo domicilio situado en Elche (Alicante), pese a que él está empadronado en Benalmádena desde 2013 un año antes de la primera de las 47 multas, lo que supone un «flagrante supuesto de indefensión», afirma el letrado.
Según denuncia el conductor en su recurso, en esos cinco expedientes no aparece que la DGT realizara un segundo aviso de las denuncias, como obliga la ley, sino que directamente se publicaron en el Testra (tablón que utiliza la Administración para las notificaciones) «sin hacer una mínima comprobación sobre mi empadronamiento», sostiene, y de ahí pasaron a Hacienda. Por todo ello, el usuario solicita en su recurso que las denuncias sean anuladas.
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