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Mari Carmen Jaime
Viernes, 12 de diciembre 2014, 01:37
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El proceso de liquidación de consorcios al que se tienen que enfrentar las escuelas de hostelería de Andalucía para su integración en un nuevo modelo de gestión propuesto por el gobierno andaluz, está provocando un claro enfrentamiento entre las autoridades autonómicas que presiden el organismo en Benalmádena y las locales con un porcentaje de participación al ser propietarios de los terrenos de La Fonda.
Si el miércoles la delegación de Educación pedía a la administración municipal «agilizar» la tramitación para propiciar la disolución de la actual directiva y que la escuela formativa avanzase en este cambio de modelo, ayer la responsable del área en Málaga, Patricia Alba, acusaba a la alcaldesa, Paloma García Gálvez, de cancelar «por tercera vez, la reunión que tenía prevista». Además, la representante de la Junta denunciaba que había tenido conocimiento de este plantón «20 minutos antes de la cita y mediante una llamada telefónica».
Alba tiró de agenda para denunciar que «no es la primera vez que, apenas 30 minutos antes, representantes del Consistorio anulan una reunión». Recordó que el 14 de noviembre, «durante el Consejo Rector, se acordó un encuentro el 17 de ese mes con personal municipal; el mismo día lo anularon y propusieron otro el 20 de noviembre, que también se canceló ese mismo día».
El responsable local de Turismo, Adolfo Fernández, deja clara la postura municipal sobre los pasos que hay que dar antes de disolver la actual estructura organizativa que tiene el centro ubicado en pleno casco histórico de Benalmádena: «la Junta tiene que abonar de una vez por todas y de manera inmediata las nóminas que adeuda a los trabajadores». Por otra parte, critica que los retrasos en los pagos no afectan únicamente al personal docente, «ya que se tienen deudas también con los proveedores». Ante esta situación, asegura que Intervención Municipal estudia las cuentas del consorcio elaboradas por el Gobierno andaluz.
Tal y como el representante del consistorio aclara, «el Ayuntamiento no va a poner ningún tipo de trabas a los planes de actuación del Ejecutivo andaluz, siempre que sea lo mejor para los trabajadores, los alumnos y que no suponga un menoscabo para el Ayuntamiento y los ciudadanos de Benalmádena pero, para eso es necesario revisar al detalle las cuentas y mantener todas las reuniones oportunas». Todas menos las prevista ayer, según las quejas hechas públicas por Patricia Alba.
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