El vertedero ilegal de Nerja recibió expedientes y multas desde 2000, pero nunca conllevaron su cierre

El vertedero ilegal del río de la Miel, en la zona oriental de Nerja, funcionó entre 2000 y 2016.
El vertedero ilegal del río de la Miel, en la zona oriental de Nerja, funcionó entre 2000 y 2016. / E. C.

El gobierno del PP recurrió de forma sistemática las notificaciones alegando que se trataba de trabajos de restauración de una antigua cantera de áridos

EUGENIO CABEZAS

Un expediente sancionador de hasta 5.000.000 de las antiguas pesetas, notificado en octubre de 2000, por la Confederación Hidrográfica del Sur, perteneciente entonces al Ministerio de Medio Ambiente. Un acuerdo de suspensión de la actividad, comunicado en julio de 2001, por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. La desestimación al Ayuntamiento de un recurso de alzada contra la devolución, por la Administración andaluza, del aval de 17.993.946 pesetas depositado por el último adjudicatario de la antigua cantera, ante la imposibilidad de restaurarla por el continuado vertido de escombros en la misma.

Estos son algunos de los documentos a los que ha tenido acceso SUR, en los que se constata que el vertedero ilegal del río de la Miel de Nerja, que está en el punto de mira de la Fiscalía de Medio Ambiente, del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox, fue objeto de constantes intercambios de comunicaciones por escrito entre el Ayuntamiento, gobernado por el PP, con José Alberto Armijo al frente, y las administraciones autonómica y estatal.

Desestimación de un recurso (izq.), denuncia de AGRECA (arriba), sanción del Ministerio (abajo izq.) y orden de suspensión de actividad de la Junta (debajo).

Sin embargo ninguno de estos expedientes ni multas conllevaron su cierre hasta el pasado mes de septiembre, por orden del Seprona y de la Junta, más de 18 años después de que fueran autorizados los primeros vertidos de escombros por el actual diputado provincial de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías «por razones de urgente necesidad». La bautizada como ‘Operación Rubbish’ trata de determinar ahora las responsabilidades penales de los empresarios y cargos públicos que posibilitaron que allí se acabaran vertiendo alrededor de 800.000 metros cúbicos de todo tipo de residuos, sin ningún tratamiento ni reciclaje posterior, simplemente usándolos para rellenar el enorme socavón que había provocada una cantera de áridos situada en suelos de titularidad municipal, que funcionó entre 1979 y 1997.

Precisamente en esta circunstancia, en la condición de una cantera sin restaurar, reside la base argumental en la que el anterior gobierno del PP sustentó todos los escritos en los que defendió la necesidad de seguir vertiendo escombros en la zona, a pesar de haber recibido notificaciones que le instaban a cesar en ello. De hecho, uno de los afectados fue el propio empresario que explotó la cantera, quien entre 1998 y 2001 manifestó por escrito, en al menos tres ocasiones al Consistorio, que «nos comunique por escrito si se van a seguir vertiendo dichos escombros ya que el Departamento de Minas nos exige dicho escrito por parte del Ayuntamiento al objeto de poder liberar dicho aval».

De esta forma, la Consejería de Trabajo e Industria comunicó al Consistorio, en abril de 2000, que «es conocido el interés de ese Ayuntamiento por utilizar el hueco existente en la cantera como vertedero de residuos inertes». «Si ello fuera así, cuando obtengan las autorizaciones de los organismos competentes en materia de residuos, nos lo deben de comunicar igualmente para indicar, en ese caso, al explotador cuál debe ser su actuación para culminar el proceso de restauración», sostiene la Junta.

Al mes siguiente, en mayo de 2000, Armijo comunicó a la Consejería de Medio Ambiente «la intención de realizar un vertedero de escombros en la zona de la antigua cantera del Camino de Subida a Río de la Miel». En julio de 2000, el Consistorio se dirige al anterior adjudicatario para decirle que «dadas las dificultades técnicas de localizar y transportar al lugar materiales plenamente adecuados, y al parecer, de su solvencia para atender la costosa financiación de ello, y ante el planteamiento por los empresarios de la construcción de Nerja de la ineludible necesidad de disponer de un lugar en el que depositar los escombros procedentes de tal actividad, consideramos viable que tal depósito fuese realizado en la inmensa y profunda hondonada resultante de la explotación minera».

La Junta devolvió el aval al anterior adjudicatario al entender que no se podía restaurar por los vertidos de escombros

En el escrito firmado por Armijo se alude al documento en el que él autorizó los primeros vertidos de escombros, en junio de 1998, «por razones de urgente necesidad». «Suponemos que reúne las debidas condiciones que garanticen el necesario y progresivo abancalamiento de los materiales, de forma que sea real tanto la restauración del terreno como la fase última de tal proceso (aportación de tierra vegetal y plantación de especies apropiadas)». «Si ustedes, como obligados a la restauración, no están interesados en la misma, este Ayuntamiento estaría dispuesto a asumirla», le dice Armijo al empresario. El mismo día, el que fuera alcalde de Nerja 20 años dirige otro escrito a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en el que sostiene que «tal depósito viene siendo realizado bajo la supervisión del titular de la explotación: pero ignoramos si reúne o no las debidas condiciones que garanticen el necesario abancalamiento de los materiales aportados».

En agosto de 2000, el Consistorio recibe una notificación de un expediente sancionador por parte de la Confederación Hidrográfica del Sur, a raíz de una denuncia de IU. En sus alegaciones, Armijo vuelve a aludir a las labores de restauración que se están llevando, pero introduce la alusión al aval, sosteniendo que «si el obligado a la restauración no estuviera interesado en proseguirla en la forma indicada, este Ayuntamiento está dispuesto a asumirla siempre que contemos con la colaboración, en el aspecto técnico y de control, de ambas consejerías, y por supuesto, con la financiación derivada de la ejecución del aval aportado por aquel».

«Conocido y consentido»

En julio de 2001 el entonces delegado de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, notificó un acuerdo de suspensión «inmediata» de la actividad del vertedero «sin perjuicio de que se inicien las actuaciones de carácter sancionador que procedan». En el documento se sostiene que «habida cuenta de la naturaleza altamente permeable de los materiales sobre los que se asienta el vertedero, y de que constituyen la zona de alimentación del sistema acuífero de la Unidad de las Alberquillas, explotado para abastecimiento mediante varias captaciones próximas, se procederá a la retirada de todos aquellos materiales no inertes susceptibles de producir directa o indirectamente lixiviados capaces de contaminar las aguas subterráneas».

El Ayuntamiento aludía de manera reiterada a la petición de los empresarios de disponer de un vertedero próximo

En junio de 2011 se produce la desestimación del recurso de alzada interpuesto por el Consistorio contra la devolución del aval al adjudicatario de la antigua cantera por parte de la Junta. «Se deduce la indubitada falta de colaboración de esta corporación para posibilitar al titular de los derechos mineros el cumplimiento del plan de restauración. La inevitable consecuencia de dicha actuación no podía ser otra que la falta de estabilidad de los terrenos y el consiguiente cierre de la explotación, tal y como así ha sucedido», afirma.

Sin embargo, el vertedero aún funcionó cinco años más. La asociación de empresas de reciclaje AGRECA, constituida en 2012, envió varios escritos de denuncia desde entonces al Consistorio, tanto al anterior gobierno del PP como al actual, de PSOE, IU y EVA-Podemos, exigiendo su cierre, que no se produjo hasta que lo ordenó el Seprona. Armijo ya declaró a SUR que el vertedero era «conocido y consentido». «Fue una cantera no restaurada por culpa de la Junta», dijo. En el último pleno declaró que la Junta «nunca» le notificó que tuviera que cerrarse. Desde la Administración andaluza declinaron valorar el asunto, «ya que está bajo investigación judicial». Por ahora hay 37 investigados: 26 empresarios y 11 cargos públicos.

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