Denuncian nuevos vertidos ilegales en una escombrera de Nerja clausurada hace un año

Un vial paralelo al barranco nerjeño se ha convertido en un nuevo punto de vertido de residuos./Eugenio Cabezas
Un vial paralelo al barranco nerjeño se ha convertido en un nuevo punto de vertido de residuos. / Eugenio Cabezas

El Ayuntamiento, incapaz de frenar los aportes incontrolados de residuos en el Barranco El Viejo tras el cierre de la antigua cantera del río de la Miel

Eugenio Cabezas
EUGENIO CABEZAS

Los vertidos incontrolados de escombros se han convertido en un auténtico problema en Nerja, donde en las dos últimas décadas funcionaron dos enormes vertederos ilegales que han sido clausurados en los últimos meses: el del río de la Miel y el del Barranco del Viejo. El primero, situado en una antigua cantera, dentro del parque natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama, está siendo investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox, a raíz de la ‘operación Rubbish’, que suma ya 43 investigados, entre empresarios del sector de la construcción de la zona, políticos y expolíticos.

En el segundo caso, el equipo de gobierno tripartito en minoría (PSOE, IU y EVA-Podemos) procedió a su clausura en marzo de 2017, después de que se acumularan cerca de 10.000 metros cúbicos, colocando unas enormes piedras en el acceso a la zona, situada en el Barranco del Viejo-Loma de las Vacas, además de cartelería indicando que no está permitido realizar vertidos de escombros en este entorno. Sin embargo, estas medidas no han disuadido para que continúen los vertidos en la zona, tal y como ha podido comprobar este periódico.

En un vial paralelo al barranco, en el que se acumulan fundamentalmente plásticos de invernaderos, restos de podas, electrodomésticos, neumáticos viejos y escombros, entre otros residuos, se están llevando a cabo nuevos aportes de materiales de desecho, sin ningún tipo de control. Fuentes municipales han destacado que les resulta «imposible» controlar este tipo de vertidos ilegales, al tiempo que han recordado que siguen a la espera de la autorización de la Junta para darle el permiso de apertura a una nueva planta de transferencia de residuos que está promoviendo un grupo de empresarios del sector de la construcción de la zona en una parcela del polígono industrial de Castillo Alto. Esta instalación ha despertado las quejas de las urbanizaciones cercanas, ya que el complejo se ubica a apenas 100 metros de las casas.

El Consistorio colocó cartelería y unas piedras de gran tamaño para impedir el acceso

El tripartito denunció en mayo de 2017 en la Fiscalía de Medio Ambiente este segundo gran vertedero ilegal de Nerja, situado en el límite con Frigiliana. En su escrito acusaban al anterior equipo de gobierno municipal del PP, liderado durante 20 años, entre 1995 y 2015, por el diputado provincial de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías, José Alberto Armijo, de los presuntos delitos contra el medio ambiente, prevaricación y falsedad documental.

Sanción de 6.010 euros

La alcaldesa, Rosa Arrabal (PSOE), dijo ayer que aún no han recibido respuesta del Ministerio Público sobre la denuncia, por lo que van a volver a preguntar. En su escrito, el tripartito explicó que en diciembre de 2015 recibieron una queja vecinal por el vertedero, lo que les llevó a comenzar con las averiguaciones. «A pesar de que no existía apenas documentación en el Ayuntamiento, localizamos una sentencia, notificada en mayo de 2014, en la que se desestimó un recurso municipal en contra de un expediente sancionador abierto por la Consejería de Medio Ambiente en 2008, lo que obligó al Consistorio a pagar 6.010,13 euros», detalló.

A pesar de ello, el PP llevó a pleno en 2014 dos mociones pidiéndole a la Junta que limpiase la zona, ya que entendían que los terrenos eran públicos. Sin embargo, en un informe posterior, la misma técnico aseguró que eran privados. Consultado por este periódico sobre el asunto, Armijo se limitó a señalar, el pasado mes de mayo, que «siempre hemos defendido lo que decían los técnicos».

En el vertedero del río de la Miel, el Ayuntamiento también ha instalado señalización advirtiendo de que está prohibido el vertido de residuos en la zona. El juez de Torrox decretó en mayo de 2017 el embargo de 191 propiedades, pertenecientes a 26 empresarios del sector de la construcción, valoradas en cinco millones de euros. A los investigados se les imputan presuntos delitos contra el medio ambiente, falsedad documental, estafa, pertenencia a grupo criminal, prevaricación medioambiental omisiva y prevaricación administrativa.

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