Suspendido el juicio contra el alcalde de Benamocarra para estudiar la competencia de la Sala

Abdeslam Lucena, en una foto de archivo. /SUR
Abdeslam Lucena, en una foto de archivo. / SUR

Abdeslam Lucena se enfrenta a una pena total de siete años y nueve meses de inhabilitación por dos delitos continuados contra los derechos cívicos

EFE

El Tribunal que iba a juzgar al alcalde del municipio malagueño de Benamocarra, Abdeslam Lucena, ha decidido suspender la vista oral para estudiar si es competente para enjuiciar el procedimiento.

La cuestión ha sido planteada por la fiscalía malagueña que ha fundamentado que el delito de prevaricación tiene una pena máxima en abstracto de diez años de inhabilitación por lo que sería un juzgado de lo penal el encargado de enjuiciar la causa.

Una cuestión que se ha sumado la defensa del alcalde de Benamocarra, que también ha solicitado la nulidad de las actuaciones al considerar que durante el procedimiento se ha causado indefensión a su patrocinado, además de vulnerar derechos fundamentales y el derecho a un juez predeterminado por Ley.

El fiscal y la acusación particular han rechazado todas las cuestiones previas planteadas por la defensa y el Tribunal ha anunciado que se pronunciará por escrito solo sobre el tema de la competencia.

Abdeslam Lucena se enfrenta a una pena total de siete años y nueve meses de inhabilitación por dos delitos continuados contra los derechos cívicos después de denegar presuntamente información municipal a dos concejales.

El fiscal mantiene en su escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe, que el regidor denegó "reiteradamente y sin causa" información municipal que le habían solicitado dos ediles en la corporación del 2011.

El ministerio público mantiene que el acusado tenía "pleno conocimiento de la obligación que tenía de facilitar el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos" y recogido en el artículo 23 de la Constitución Española.

Los concejales le pidieron que informara sobre las contrataciones de algunos trabajadores, pero se negaba "mediante negaciones directas" o bien concediendo el acceso a la documentación solicitada con notificaciones precipitadas para horas intempestivas, que hacían, finalmente, ineficaz el ejercicio del derecho.

La acusación particular, ejercida por el letrado Francisco Galán Palmero, además del delito de impedimento de derechos cívicos, acusa al alcalde de prevaricación y pide 17 años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público, mientras la defensa la libre absolución.

Contra Lucena ya pesa una condena de seis meses de prisión tras ser condenado en primera instancia por el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga por la colocación de unas vallas frente al instituto de Benamocarra en las que acusaba de enchufismo al exdelegado de Educación de la Junta en Málaga José Nieto y al exportavoz local del PSOE y director del centro, Manuel Ruiz Cazorla.

La Audiencia confirmó la sentencia por los delitos de calumnias, injurias y desobediencia e impuso una multa de 9.600 euros y una pena de seis meses de prisión al alcalde, pero revocó el pronunciamiento judicial en cuando a un delito de malversación, del que fue absuelto.

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