Rechazan que el Consistorio de Nerja se persone como acusación en las diligencias sobre el vertedero

El Juzgado de Torrox desestima la petición del gobierno tripartito y mantiene al Ayuntamiento como presunto responsable civil subsidiario

Eugenio Cabezas
EUGENIO CABEZAS

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox ha desestimado la petición realizada por el equipo de gobierno tripartito en minoría (PSOE, IU y EVA-Podemos) de que el Ayuntamiento de Nerja se persone como acusación particular en las diligencias previas sobre el vertedero ilegal del río de la Miel, en el que hay, por el momento, 43 investigados, entre ellos la alcaldesa, Rosa Arrabal (PSOE), su antecesor en el cargo durante 20 años y actual diputado provincial de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías, José Alberto Armijo (PP), además del delegado territorial de Medio Ambiente de la Junta en Málaga, Adolfo Moreno, entre otros políticos y expolíticos, de PP, PSOE e IU.

En una providencia notificada a las partes a la que ha tenido acceso este periódico, el magistrado Joaquín Jorge Checa Vela, sostiene que «a su vista y de acuerdo a la doctrina jurisprudencial emanada del acuerdo no jurisdiccional del pleno de la Sala 2.º del Tribunal Supremo de 1998 (...), en el presente caso no se concretan los perjuicios que los hechos investigados pudieran causar al Ayuntamiento con el fin de valorar la posibilidad de que puedan recaer resoluciones contradictorias en otros eventuales procedimientos que pudieran derivarse de tales hechos», sostiene el juez.

El acuerdo, en pie

El magistrado añade, no obstante, que se mantiene «íntegramente» lo acordado por una providencia del 14 de diciembre de 2017 «sobre su personación en calidad de presunto responsable civil subsidiario». Cabe recordar que el Seprona de la Guardia Civil cifró en 10,8 millones el coste estimado para restaurar los 36.000 metros cuadrados de terrenos de la antigua cantera, situada a un kilómetro de la antigua N-340, en los que se acumularon durante 18 años, entre junio de 1998 y septiembre de 2016, unos 800.000 metros cúbicos de todo tipo de residuos sin permisos. SUR intentó ayer sin éxito recabar una versión de la alcaldesa sobre esta nueva decisión judicial. La regidora y Armijo declararon ya como investigados.

El juez titular de Torrox decretó en mayo de 2017 el embargo de 191 propiedades, pertenecientes a 26 empresarios del sector de la construcción, valoradas en cinco millones de euros. A los investigados se les imputan presuntos delitos contra el medio ambiente, falsedad documental, estafa, pertenencia a grupo criminal, prevaricación medioambiental omisiva y prevaricación administrativa.

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