Nerja volverá a redactar el plan de su polígono industrial para evitar pleitos

El equipo de gobierno tripartito en minoría, conformado por PSOE, IU y EVA-Podemos, alcanzó el pasado mayo un acuerdo con los dos partidos de la oposición, PP y Ciudadanos, para consensuar con los más de cien propietarios de las parcelas, en los 300.000 metros cuadrados de superficie que tiene el sector, que incluye suelos industriales y residenciales, una nueva propuesta de reparcelación que evite las demandas que hay interpuestas por algunos dueños, que podrían alcanzar casi 9 millones de euros. Estos propietarios consideran ilegal el reparto de cargas y compensaciones.

Este pasado miércoles se celebró una nueva reunión en el Ayuntamiento, a la que acudieron representantes de las naves ‘históricas’, junto a los dueños de suelos aún por desarrollar, además de la Junta de Andalucía, que es también propietaria de una parte de los suelos. En el encuentro se acordó designar a los técnicos Fernando García, en representación de los propietarios ‘históricos’, y a Francisco Criado, por la parte de los nuevos usos industriales y residenciales, como los encargados de redactar el nuevo planeamiento, que se tramitará como una modificación puntual de elementos del vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Según las estimaciones de ambos especialistas, si el Consistorio tramita la documentación, en un plazo máximo de tres años podría estar aprobado el nuevo planeamiento para el principal sector industrial del municipio oriental.

«El plan actual es una cáncer y había que extirparlo, no se podía seguir administrándole medicación», afirmó Juan Jiménez, presidente de la comunidad de propietarios ‘históricos’. Estos empresarios se manifestaron entre 2009 y 2010 en contra de las «desorbitadas» cuotas de urbanización que establecía el documento actual.

El exalcalde socialista entre 1987 y 1995, Gabriel Broncano, que participó en la redacción del documento, duda de que elaborarlo de nuevo pueda conllevar una reducción de las cargas urbanísticas para aquellos propietarios que tienen exceso de volumen en sus naves. No obstante, confió en que realizando una nueva división poligonal se alcance una solución.

A pesar de que el TSJA acordó en 2013 que el proyecto de reparcelación era «nulo de pleno derecho», el anterior equipo de gobierno del PP inició un procedimiento, llamado operación jurídica complementaria, para abonar una indemnización a la sociedad Monte Rigal S. L., de 281.000 euros, al entender que el fallo no se podía ejecutar, ya que volver a redactar el plan urbanístico supondría mayores perjuicios para los propietarios, porque en la zona se han ejecutado desarrollos conforme a este documento, como los supermercados Lidl y Comerco. De hecho, el pasado año abrió una gasolinera de autoservicio.

El Consistorio pagó en 2016 esta indemnización a la empresa, que ahora tendrá que reclamársela a una docena de propietarios del sector. «Hemos optado por redactar un nuevo plan para evitar que sigan llegando sentencias que anulan el plan elaborado por el PP», aseguró a este periódico la alcaldesa, Rosa Arrabal (PSOE).