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En la zona se han producido vertidos de aceite y actos vandálicos. Eugenio Cabezas
Nerja negocia la retirada de maquinaria pesada abandonada en el parque natural desde 2000

Nerja negocia la retirada de maquinaria pesada abandonada en el parque natural desde 2000

El Ayuntamiento está a la espera de que el dueño de la treintena de vehículos que permanecen sin uso en el inicio del barranco de Colmenarejos presente un plan para desguazarlos

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Lunes, 20 de noviembre 2017, 00:49

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Transcurridos más de ocho meses desde que el pasado 7 de marzo este periódico se hiciera eco de la situación de la antigua cantera clausurada del barranco de Los Colmenarejos, en pleno parque natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama, donde se amontonan una treintena de vehículos y maquinaria pesada de gran tonelaje, totalmente abandonada, desde hace 17 años, la estampa del lugar sigue siendo exactamente la misma. En este tiempo, el Ayuntamiento de Nerja se ha reunido una sola vez con el propietario de este material, que debido al tiempo transcurrido, ya sólo tiene un valor como chatarra. Frente a los más de 200 millones de pesetas que costó en su día, en los años ochenta y noventa, hoy apenas vale 12.000 euros, según estima su dueño, el empresario torreño Orlando Rodríguez.

«Nos han pedido que presentemos una serie de documentación para poder darnos autorización para retirarla», comentó el empresario, quien recordó que desde que la cantera fue clausurada, en julio de 1997, y posteriormente precintada, en julio de 2000, ha venido intentando conseguir estas autorizaciones administrativas. «Nos precintaron la explotación sin motivo, teníamos todos los permisos en regla, de las diez hectáreas que teníamos concedidas, sólo habíamos extraído tres», comentó. Según este empresario, cuando se produjo el precinto, intentaron la reapertura, pero todos los procedimientos judiciales y administrativos que iniciaron acabaron sin éxito. «El precinto sigue vigente, por lo que no podemos entrar sin el permiso del Ayuntamiento», comentó Rodríguez.

El empresario recordó que durante los años posteriores al cierre de la explotación minera, de la que se extraían materiales calizos para el sector de la construcción, como arena y grava, presentaron varias veces la solicitud para poder retirar esta maquinaria pesada, sin obtener «nunca» respuesta del Ayuntamiento durante varios de los mandatos del anterior alcalde, José Alberto Armijo (PP).

La última vez que lo hicieron, en la pasada legislatura, fue el 22 de enero de 2013, sin obtener tampoco respuesta alguna desde el Consistorio nerjeño. «Hay varios escritos de la empresa, pero sin respuestas, estamos estudiando bien todo el expediente», apuntó, por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Jorge Bravo (IU), quien criticó que este asunto es «otra más de las numerosas sorpresas desagradables que nos encontramos cuando llegamos al gobierno en junio de 2015», apostilló.

La maquinaria pesada pertenecía a una antigua cantera cuya licencia fue retirada en julio de 1997

Bravo aseguró que los técnicos «nunca» le habían dicho que desde la empresa hubieran solicitado la retirada de la maquinaria de la antigua cantera. «Estamos a la espera de que nos presenten la documentación», apostilló. El exalcalde y diputado provincial, José Alberto Armijo (PP), apuntó el pasado marzo, tras ser preguntado por este periódico, que «no recordaba» los detalles del expediente por el que se precintó la cantera.

El barranco de Los Colmenarejos está situado a apenas un kilómetro de la pedanía nerjeña de Maro. La maquinaria pesada abandonada en la antigua cantera está en su primer tramo y durante estos años ha sido objeto de robos y daños vandálicos. «Hubo unos años en que tuve allí un vigilante, pero no pudimos seguir pagándole», se lamentó el empresario.

Bravo destacó que en la otra cantera clausurada dentro del parque natural, la del río de la Miel, el Ayuntamiento autorizó, en junio de 1998, el vertido de escombros «por razones de urgente necesidad» para proceder así a la restauración del entorno. En septiembre de 2016, 18 años después, el recinto fue clausurado por orden del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), tras acumularse 800.000 metros cúbicos de todo tipo de residuos. El asunto está siendo investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox, que ha citado a declarar a 34 personas, entre empresarios del sector de la construcción y políticos.

El juez ordenó el pasado junio el embargo de 191 bienes, entre vehículos, maquinaria, viviendas y naves, de 26 empresarios de la zona, por valor de 5 millones de euros, para asegurar el pago de las posibles indemnizaciones para recuperar el entorno contaminado. El Seprona estima que el coste de la restauración supera los 10 millones. En las diligencias se investigan presuntos delitos contra el medio ambiente, falsedad, prevaricación, estafa y grupo criminal.

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