Un Juzgado de lo Social obliga a readmitir a la dinamizadora del centro Guadalinfo

El Ayuntamiento no solicitó la subvención a la Junta para este año tras más de una década y anuncia que recurrirá la sentencia ante el TSJA

EUGENIO CABEZAS

El Ayuntamiento de Árchez, gobernado en minoría por el PP, ha sido condenado a readmitir a la dinamizadora del centro Guadalinfo de acceso a Internet, Silvia Moyano, que fue despedida el pasado 31 de diciembre después de que el Consistorio no solicitase la subvención para mantener este servicio a la Junta de Andalucía para este año. En la resolución judicial, dictada por el Juzgado de lo Social número 6 de la capital, se considera que «tal y como el Ministerio Fiscal aduce, no se ha justificado ni tan siquiera someramente el motivo de la falta de renovación de la subvención que, según la empresa, es el motivo del cese».

La trabajadora alegó que se habían vulnerado sus derechos fundamentales, algo que ha aceptado el juez. Moyano argumentó que la decisión de no renovar el programa, que llevaba en funcionamiento de manera prácticamente ininterrumpida desde mayo de 2006, se debió a «una venganza política» porque su cuñado, José Miguel Fernández, solicitó el pasado 1 de septiembre el paso a la condición de concejal no adscrito en la corporación tras darse de baja como militante del PP por sus diferencias con la alcaldesa, María del Carmen Moreno (PP). Moyano mostró ayer su «satisfacción» por esta resolución judicial, pero reconoció que espera que la regidora recurra la resolución judicial. «Confío en que tarde o temprano acabe habiendo justicia, he recibido muchos apoyos», dijo.

Silvia Moyano

Por su parte, la alcaldesa aseguró a SUR que respeta la decisión judicial pero que no la comparte, por lo que avanzó que interpondrán un recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). «En ningún momento hemos actuado de mala fe, esto no es un tema político, ha sido un despido por causas objetivas», argumentó Moreno, quien dijo que el programa Guadalinfo no cubre el 100% del coste.

«Hemos optado por abrir un centro educativo y cultural, con más espacio y personal, con recursos de la Diputación. Ahora tenemos dos monitoras que nos cuestan 16.000 euros al año y antes nos salía por 12.000 euros», afirmó. «Ella pensaba que tenía un puesto fijo sin oposiciones», dijo.

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