Un juzgado declara nulo el pleno de aprobación de presupuesto en Vélez-Málaga

Los ediles del PP, Francisco Delgado y Manuel Gutiérrez. :: sur/
Los ediles del PP, Francisco Delgado y Manuel Gutiérrez. :: sur

La sentencia, que será recurrida por el Consistorio, señala que se vulneró el derecho a la participación política de los concejales del PP

Agustín Peláez
AGUSTÍN PELÁEZ

El Juzgado Contencioso Administrativo número 7 de Málaga ha declarado nulas las convocatorias de la comisión informativa de Hacienda y Especial de Cuentas del pasado 5 de abril, y la convocatoria urgente y extraordinaria del pleno de la corporación, que tuvo lugar un día después, y que sirvieron para aprobar el presupuesto municipal para 2017. El juzgado entiende que se vulneraron los derechos constitucionales de los concejales del PP a la participación política en ambos actos. La sentencia, que condena en costas al Ayuntamiento, da la razón al principal grupo de la oposición en el Consistorio, que denunció la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

El fallo judicial no es firme, ya que contra el mismo cabe recursos de apelación, condena en costas al Ayuntamiento. El alcalde, Antonio Moreno, y el concejal de Hacienda, Juan Carlos Márquez, ambos del PSOE, confirmaron ayer que el Ayuntamiento recurrirá la sentencia y no paralizarán la ejecución del presupuesto. El recurso en apelación dejará sin efecto la anulación de la comisión de Hacienda y del pleno, ya que, según Márquez, el juez no ha adoptado ninguna medida cautelar.

Sobre la justificación de la urgencia del pleno, el magistrado hace constar en la sentencia que el edil de Hacienda se limitó a invocar «determinadas circunstancias tanto técnicas como políticas» y a indicar que «hay una serie de proyectos que están todos pendientes de que se apruebe el presupuesto».

«Se trata de manifestaciones que por su excesiva vaguedad y generalidad, no justifican la vulneración de la regla de que las sesiones sean convocadas al menos con dos días hábiles de antelación», recoge el pronunciamiento judicial. Además recuerda que el desde el grupo municipal del PP se había advertido sobre el incumplimiento de la normativa sobre convocatorias urgentes.

El fallo recoge que el Ayuntamiento ha mantenido que los concejales recurrentes no vieron vulnerado su derecho a la participación respecto al acceso a la documentación municipal, toda vez que el concejal de Hacienda difundió el 30 de marzo, a través del gabinete de comunicación, un comunicado sobre el proyecto de presupuesto, y que el día 4 de abril el PP recibió un CD con toda la información sobre el documento.

Divulgación de comunicado

Para el magistrado, sin embargo, la divulgación de un comunicado a la prensa «no satisface el derecho de los concejales a ser informados y tener acceso al contenido íntegro de la documentación municipal, exigencia que se ve reforzada en este caso por la complejidad del presupuesto y su trascendencia para la vida del municipio». En cuanto a la entrega del CD, el juez expresa que el Ayuntamiento no ha presentado el mismo en los autos, lo que ha impedido al Juzgado comprobar su contenido.

Para el actual portavoz del PP y exalcalde veleño, Francisco Delgado, la sentencia pone de manifiesto que Moreno Ferrer «no respeta el derecho a la participación de los concejales de la oposición, que existe un gran déficit democrático que existe en el equipo de gobierno y un mal asesoramiento.

La formación «popular» acudió a los tribunales solicitando la nulidad de las convocatorias de la comisión de Hacienda y el pleno urgente y extraordinario, así como el acuerdo de aprobación del presupuesto al considerar el equipo de gobierno les estaba privando de participar políticamente desde el momento en que la concejalía de Hacienda les había entregado el documento económico sin tiempo para estudiar las cuentas para este año.

Según el fallo, la comisión de Hacienda se convocó el día 5 de abril para ese mismo día a las 13 horas, y el pleno el día 6 a las 10.00 horas para las 18.00 horas.

A pesar de ello, el edil de Hacienda declaró ayer que « hubo suficiente información para examinar el presupuesto por la experiencia de gobierno del PP». Márquez acusó al grupo «popular» de judicializar la vida política «sin valorar las posibles consecuencias económicas que puede tener para los ciudadanos la anulación del presupuesto».

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