La Junta declaró la caducidad de al menos tres expedientes al vertedero ilegal de Nerja

En el vertedero ilegal del río de la Miel se acumulan 800.000 metros cúbicos de residuos./EC
En el vertedero ilegal del río de la Miel se acumulan 800.000 metros cúbicos de residuos. / EC

El Ayuntamiento recurría los procedimientos alegando que se estaba «restaurando una antigua cantera», lo que conllevó que transcurrieran los plazos máximos legales

Eugenio Cabezas
EUGENIO CABEZAS

El enorme vertedero ilegal del río de la Miel, que acumula más de 800.000 metros cúbicos de todo tipo de residuos, está en el punto de mira del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox, que en el marco de unas diligencias previas, derivadas de la bautizada como ‘Operación Rubbish’, llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), mantiene como investigados a 37 personas, entre ellas a la alcaldesa de Nerja, Rosa Arrabal (PSOE), su antecesor en el cargo entre 1995 y 2015 y diputado provincial de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías, José Alberto Armijo, cuatro ediles y exediles del PP, y otros dos concejales de PSOE e IU; el delegado provincial de Medio Ambiente, Adolfo Moreno, una exsecretaria provincial de esta consejería, además de 26 empresarios del sector de la construcción de la zona. Se investigan presuntos delitos contra el medio ambiente, falsedad documental, estafa, pertenencia a grupo criminal, prevaricación ambiental omisiva y prevaricación administrativa.

El origen del vertedero se remonta a junio de 1998, cuando en su primera legislatura al frente del Ayuntamiento, Armijo autorizó «por razones de urgente necesidad» la descarga de escombros sobre los terrenos que conforman la conocida como antigua cantera de Valverde, situada en el cauce bajo del río de la Miel, en terrenos de titularidad municipal, en pleno corazón del parque natural de la Sierra Almijara. Apenas unos meses después comenzaron a producirse las primeras denuncias de vecinos y colectivos ecologistas de la zona.

La Junta de Andalucía llegó a abrir, al menos, tres expedientes, en los años 2001, 2004 y 2005 «por la creación y uso de un vertedero no autorizado en cantera caducada sin tramitación de evaluación de impacto ambiental», según consta en la documentación a la que ha tenido acceso SUR. Sin embargo, en estos tres casos el expediente sancionador fue recurrido por el equipo de gobierno del PP, que contaba con mayoría absoluta en el pleno, al entender «que los vertidos no fueron realizados por este Ayuntamiento, cuya única intervención ha sido manifestar nuestro parecer favorable a que los escombros procedentes de obras sean utilizados para la restauración del espacio afectado por la cantera», según recoge uno de los documentos a los que tuvo acceso este periódico, con registro de entrada en la Consejería de Medio Ambiente el 31 de agosto de 2001.

El acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, en este caso, tuvo entrada en el Consistorio el 14 de agosto de aquel año, en el que se establecía que los hechos eran calificados de «muy graves», sancionables con multa de 60.000 a 150.000 euros. Posteriormente, el 17 de octubre de 2002, es decir, más de un año después, el entonces delegado provincial de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, acuerda «declarar la caducidad del procedimiento sancionador por haber transcurrido los plazos legalmente establecidos para su instrucción», según consta en la documentación de la que dispone SUR.

En 2008 se notificó un cuarto expediente muy parecido que obligaba a «paralizar la actividad»

Idéntica secuencia se repite en los documentos de los años 2004 y 2005, de manera que la Junta notifica iniciar un procedimiento sancionador (en julio de 2004 y abril de 2005), el Ayuntamiento gobernado por el PP recurre a los pocos días y posteriormente, transcurrido varios meses desde que se inició el procedimiento sancionador, la propia Junta declaró la caducidad de los expedientes «por haber transcurrido los plazos legalmente establecidos para su resolución», según los documentos oficiales.

En su defensa en ambos procedimientos José Alberto Armijo sostiene: «Siendo destacable que en modo alguno ha sido siquiera afectado el principio de presunción de inocencia que ampara nuestra permanente y constante negativa respecto a la responsabilidad que es gratuitamente imputada a este Ayuntamiento en base exclusiva a lo afirmado por una denuncia particular».

Con posterioridad, en noviembre de 2008 se notifica un cuarto expediente similar, en el que, como en los tres anteriores, se obligaba al Ayuntamiento a la «inmediata paralización de cualquier tipo de actividad», pero este periódico no ha podido conocer cuál fue su desarrollo legal en los meses posteriores. En todo caso, SUR ha podido confirmar que el último expediente de estas características notificado al Consistorio tuvo registro de entrada en julio pasado, cuando ya había estallado la ‘Operación Rubbish’.

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