Un juez paraliza el derribo de dos casas y pide un informe a los Servicios Sociales sobre las familias

Agustín Peláez
AGUSTÍN PELÁEZ

El Juzgado de lo Penal Número 14 de Málaga acordó ayer viernes suspender provisionalmente el derribo de dos viviendas en la cortijada Mano Hierro, afectadas por una sentencia de demolición desde 2012, en base al riego de exclusión social de las familias con tres menores afectadas. Los Servicios Sociales deberán emitir en este sentido sobre la situación de las familias y el riesgo de que las mismas se queden en la calle como consecuencia de la demolición.

El aplazamiento se produce a petición de los propietarios de las dos casas adosadas, dos hermanas que viven con sus correspondientes familias en dichos inmuebles, situadas en suelo no urbanizable común o de secano (no protegido).

Según la letrada de los dueños de las casas, lo que persigue es juez es que el derribo no afecte a la atención de los menores. Una vez sea emitido el informe por los Servicios Sociales, para el que se ha fijado un plazo de cinco días, el juzgado valorará el nuevo paso a seguir, toda vez que la sentencia de demolición de 2012 es firme.

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