Fiscalía remite al juzgado un informe sobre los incumplimientos legales en el caso del vertedero

El Ministerio Público sostiene que la antigua cantera del río de la Miel nunca tendría que haberse autorizado para el depósito de residuos por estar en zona protegida

E

cabezas. La Fiscalía General del Estado ha remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox un detallado informe en el que analiza pormenorizadamente los incumplimientos legales, que a su juicio, se han producido en el vertedero ilegal del río de la Miel, en Nerja, que está siendo investigado desde hace más de un año por el juzgado torroxeño. En la causa hay imputadas 43 personas, entre las que están la alcaldesa nerjeña, Rosa Arrabal (PSOE), su antecesor en el cargo durante 20 años y diputado provincial, José Alberto Armijo (PP), el delegado de Medio Ambiente, Adolfo Moreno, así como siete ediles y exediles, de PP, PSOE e IU, junto a 26 empresarios de la construcción.

En el documento, al que ha tenido acceso SUR, se señala que el espacio minero afectado por la cantera «no ha sido restaurado por el responsable de la explotación debido al depósito de residuos autorizado por el alcalde». «El simple relleno o depósito de escombros en el hueco minero no se considera un proyecto de restauración, para ser considerado como tal se debe realizar de acuerdo a la normativa que lo regula», dice el fiscal.

Los funcionarios han concluido que el hueco minero comenzó a utilizarse como vertedero ilegal en 1998, ocupando una superficie de tres hectáreas, en las que se acumulan, «como mínimo», 802.195,63 metros cúbicos de todo tipo de residuos, «predominando los de podas, seguidos de la construcción y demolición y, en menor proporción, por peligrosos». Aunque los resultados de las muestras «no han detectado la superación de los valores legales de metales pesados, de su tipología es esperable que de continuar esta situación, futuros análisis revelen concentraciones crecientes», añade el fiscal de Medio Ambiente en el informe elaborado con la ayuda del Seprona de la Guardia Civil.

El texto recopila una decena de incumplimientos legales, en materia hídrica, de prevención de incendios o de afección a la flora, concluyendo que no tendría que haberse autorizado. Además, recoge los cinco expedientes sancionadores abiertos por la Junta entre 2001 y 2005. El juez decretó en mayo de 2017 el embargo de 191 propiedades, pertenecientes a 26 empresarios, valoradas en cinco millones. Se investigan presuntos delitos contra el medio ambiente, falsedad documental, estafa, pertenencia a grupo criminal, prevaricación omisiva y prevaricación administrativa.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos