El embalse de La Viñuela se sitúa al nivel de almacenamiento previo a la sequía de 2009

El descenso del agua del embalse lleva tiempo mostrando suelos que debían estar cubiertos. /A. Peláez
El descenso del agua del embalse lleva tiempo mostrando suelos que debían estar cubiertos. / A. Peláez

Regantes se constituirán el martes 12 en Junta Central de Usuarios para tener voz en las decisiones sobre el reparto de los recursos

Agustín Peláez
AGUSTÍN PELÁEZ

El pantano de La Viñuela, el de mayor capacidad de la provincia (165,43 hectómetros cúbicos) se ha situado tras cuatros años de precipitaciones por debajo de la media histórica, al mismo nivel de almacenamiento previo al último decreto de sequía en la comarca de 2009, año en el que el embalse sitúa con sólo 15 hectómetros cúbicos de agua almacenada. Según datos del sistema automático de información hidrológica (HIDROSUR), de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, La Viñuela almacena al día de hoy sólo 46 hectómetros cúbicos, lo que significa que está al 28% de su capacidad total. Hay que remontarse a noviembre de 2007 para ver un nivel similar (45.8 hm3).

La preocupación de los regantes ante esta situación se acrecienta cada día que pasa. Los agricultores llevan más de dos años exigiendo medidas para revertir la situación, aunque sin éxito. De hecho, los productores y regantes se quejan de que no se ha hecho nada, salvo mirar al cielo para ver si llueve, mientras que en otras cuencas se ha estado vertiendo agua al mar por no disponer de infraestructura de almacenamiento, como es el caso de río Verde. De hecho, el embalse se encuentra desde julio pasado en estado de alerta al cruzar el umbral de sequía. A pesar de ello, la Consejería de Medio Ambiente se ha comprometido a no dictar el decreto de sequía con las correspondientes restricciones en materia de regadío hasta que finalice el actual año hidrológico (30 de septiembre).

En un intento de poder tener voz ante la administración, los regantes de la comarca –en torno a unas 70 comunidades, tanto del plan Guaro, como fuera del ámbito de la presa– han puesto en marcha los mecanismos para constituirse en Junta Central de Regantes. Dicho paso tendrá lugar el próximo martes 12.

Los impulsores de la iniciativa persiguen nombrar a la comisión que se deberá encargar de redactar los estatutos y de configurar la lista de usuarios. Deben formar parte de la junta los regantes, como titulares de las concesiones de agua, y los ayuntamientos, como responsables del suministro a la población. Este órgano actuará como una voz única ante las administraciones públicas para abordar la problemática de sequía y la demanda de más recursos hídricos para los cultivos de subtropicales.

Aguacates y mangos

La Axarquía es la principal productora española de aguacates y mangos. Los productores de la zona llevan años demandando más recursos hídricos para aumentar la superficie de cultivo, teniendo en cuenta que la comarca es el único territorio de Europa, junto con la Costa tropical granadina, donde es posible el cultivo de una larga lista de frutas tropicales de alto valor en los mercados, con una gran demanda en la UE y de alta rentabilidad para los agricultores, muchos de ellos minifundistas. El portavoz de la plataforma de regantes de la Axarquía y presidente de la comunidad de regantes Valle del Río Benamargosa, Alejandro Clavero, ha explicado tras mantener varias reuniones con la administración, que se recomendó a los agricultores la constitución de una junta central de regantes para defender los intereses de la zona.

Esta junta es una figura legal recogida en la Ley de Aguas y ha sido una exigencia de Medio Ambiente para desbloquear la situación existente de falta de resolución de expedientes concesionales y «remediar los problemas del agua en la comarca».

La Junta Central de Regantes y Usuarios aglutinará a regantes, comunidades, ayuntamientos, empresas de gestión de abastecimiento y empresas de tratamiento de aguas residuales. Abarcará una superficie de cultivo de unas 12.000 hectáreas. Su finalidad es unir a todos los usuarios de aguas públicas o privadas en una sola entidad, que represente a los administrados frente a las diversas administraciones públicas.

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