El edil de Infraestructuras alega también que desconocía la ilegalidad del vertedero de Nerja

Eugenio Cabezas
EUGENIO CABEZAS

El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Nerja, José María Rivas (PSOE), en el cargo desde junio de 2015, mantuvo ayer la misma línea argumental de sus compañeros de gobierno, la alcaldesa Rosa Arrabal (PSOE), y el edil de Medio Ambiente, Jorge Bravo (IU), en su comparecencia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox, que lleva el caso del vertedero ilegal del río de la Miel, un recinto que funcionó entre junio de 1998 y septiembre de 2016, y en el que se acumularon 800.000 metros cúbicos de todo tipo de residuos sin controles ni reciclaje, según el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).

Así, el edil dijo también que desconocía que esta instalación fuese ilegal, ya que los anteriores gobernantes del PP sostenían que estaba autorizada por la Junta de Andalucía. De esta forma, el concejal nerjeño se ratificó en lo que ya declaró ante el Seprona en la Comandancia el pasado junio, cuando fue citado como investigado. Rivas admitió al juez haber recibido un correo electrónico de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción de Andalucía (Agreca) en el que se le advertía de la ilegalidad del vertedero, que trasladó a su compañero de IU, quien le dijo que él se estaba encargando de este asunto. Este periódico intentó ayer sin éxito recabar una valoración de Rivas sobre su comparecencia.

Las citaciones del delegado de Medio Ambiente, Adolfo Moreno, y de la técnico autonómica Carmen Molero, han sido aplazadas por la imposibilidad de su abogado de asistir los días 11 y 13 de diciembre. El día 14 está citado como investigado el exalcalde y diputado José Alberto Armijo (PP), y al día siguiente, la edil del PP y responsable de Medio Ambiente la pasada legislatura, Nieves Atencia.

Un total de 43 personas, entre empresarios, cargos y excargos públicos, están siendo investigados por este asunto y se han bloqueado a los empresarios 191 bienes muebles e inmuebles valorados en más de 5 millones. A los investigados se les imputan presuntos delitos contra el medio ambiente, falsedad documental, estafa, pertenencia a grupo criminal, prevaricación medioambiental omisiva y prevaricación administrativa.

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