«Si nos echan abajo la vivienda nos quedamos en la calle, esto es una pesadilla»

Gillian y Bob Ward, ayer a las puertas de su vivienda en la zona de Salvarrosa, en Almayate. / Eugenio Cabezas

El Ayuntamiento ejecutará el próximo día 21 el derribo de una casa en el campo en Almayate Alto tras una orden judicial firme por no ajustarse a la licencia

Eugenio Cabezas
EUGENIO CABEZAS

Gillian y Bob Ward son un matrimonio de británicos jubilados que están viviendo «una auténtica pesadilla». Como otros muchos extranjeros, hace más de una década compraron un terreno en la Axarquía para pasar allí sus últimos años de vida, pero aquel sueño se ha convertido en su peor pesadilla. Tras reformar un cortijo en ruinas de apenas 50 metros cuadrados, con una licencia municipal, once años después se enfrentan a la inminente demolición de su única vivienda por orden judicial. «Si nos la echan abajo no tenemos otra casa donde vivir, nos quedamos en la calle», expresaron ayer a SUR a las puertas del inmueble, situado en la cortijada de Salvarrosa, en Almayate Alto, en el término municipal de Vélez-Málaga.

Fuentes municipales confirmaron ayer a este periódico que el derribo de esta vivienda rural se va a llevar a cabo finalmente el próximo día 21 de agosto, «de forma subsidiaria por el Ayuntamiento», al negarse los dueños de la misma a hacerlo. «Desde el Ayuntamiento se acata lo que dice la sentencia del juzgado en este caso», apostillaron las fuentes consultadas, que declinaron hacer más valoraciones.

El matrimonio está tratando de recabar apoyos para evitar «esta injusticia, porque ya me declaré culpable en un juicio y pagué una multa, presentamos un proyecto de legalización, derribando una parte de la terraza, y al cabo de dos años nos llega la orden de demolición», se quejó Gillian Ward, acompañada de su nuera Emma. Fue una visita a Torrox que hizo el matrimonio en 2004 para conocer a su segunda nieta, que acababa de nacer, lo que les llevó a vender su casa en Cornwall (Reino Unido) y venirse a vivir a la Axarquía.

«Queríamos tener una vida tranquila, en el sol de Andalucía, y esto se ha convertido en una pesadilla horrible», insistió la jubilada británica, que ha pedido ayuda también a la asociación Save Our Homes (SOHA), Salvemos Nuestras Casas, que agrupa a más de 400 propietarios de viviendas en el campo construidas en su día con licencias municipales pero que han sido revocadas o expedientadas por los ayuntamientos de la comarca oriental.

«En nuestro caso compramos el cortijo en ruinas, que tenía más de 70 años, en 2005, y conseguimos una licencia para restaurarlo. Lo que pasó fue que mientras se hacían las obras, uno de los muros se vino abajo. El arquitecto nos dijo que no había ningún problema, que hiciéramos fotos y las entregáramos en el Ayuntamiento, y que se podía continuar con la obra», detalló el matrimonio, que se instaló en la casa en 2006.

Sin embargo, a los pocos años comenzaron a recibir las primeras citaciones judiciales, después de que el Ayuntamiento abriese un expediente sancionar al considerar que la vivienda ejecutada no se ajustaba al permiso otorgado inicialmente. «En 2013 tuvimos el juicio en el Juzgado de lo Penal número 4 de Málaga capital, me declaré culpable, y me condenaron a seis meses de prisión y a pagar una multa de 1.000 euros. Nos dijeron que así era lo mejor, que con eso podríamos mantener la casa», manifestó la jubilada británica.

El matrimonio de británicos jubilados compró un cortijo en ruinas en 2005 y lo reformó al año siguiente

En 2015 presentaron más documentación en el Consistorio para legalizar la vivienda, tras derribar una parte del tejado. Pero a comienzos del mes pasado recibieron la primera notificación judicial del derribo. El día 17 acudieron los operarios municipales, pero el matrimonio no les dejaron pasar, por lo que fueron denunciados por obstrucción a la justicia. «Estamos en casa de unos amigos de prestado, si nos derriban la vivienda no tenemos adónde ir», concluyeron.

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