El 'caso Arcos' se desinfla en el juicio y acaba con 11 condenados y 22 absueltos

Martín Alba, en una imagen de archivo en los juzgados. /SUR
Martín Alba, en una imagen de archivo en los juzgados. / SUR

El exalcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, para el que la Fiscalía pedía 12 años de cárcel, ha sido sentenciado a 17 meses de prisión, siete años y siete meses de inhabilitación y multa de 600 euros

Agustín Peláez
AGUSTÍN PELÁEZ

El conocido como 'caso Arcos' contra la corrupción urbanística en el municipio de Alcaucín, cuyo juicio se inició en noviembre de 2016 con medio centenar de acusados, se fue desinflando durante el proceso hasta acabar en septiembre de 2017 con sólo una treintena de personas sentadas en el banquillo. La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que se conoció ayer, condena sin embargo a sólo once de los acusados, mientras que 22 han sido absueltos.

La sentencia, de 391 folios, condena al exregidor de la localidad, el entonces socialista José Manuel Martín Alba, por un delito continuado de prevaricación, prevaricación urbanística y tráfico de influencias, y por otro de falsedad en documento oficial, a 17 meses de prisión en total, a la vez que a siete años y siete meses de inhabilitación, y multa de dos meses a razón de 10 euros de cuota diaria (600 euros en total). En cambio, le absuelve de todos los demás delitos de los que estaba acusado, entre ellos cohecho o blanqueo de capitales. A la hora de imponer la pena, la Sala estima en este procesado y en el resto la circunstancia que la atenúa de dilaciones indebidas.

El exregidor anuncia que recurrirá el fallo

El exalcalde de Alcaucín , José Manuel Martín Alba, afirmó ayer, tras conocer la sentencia del 'caso Arcos' sobre la corrupción urbanística en el municipio, que el fallo de la Audiencia de Málaga demuestra que «esta operación fue un montaje con un móvil político». Según declaró, la sentencia, «con penas mínimas», era la que él intuía, después de que durante el juicio pudiera «desmontar» muchas de las acusaciones contra él, y anunció que la recurrirá al no compatir haber incurrido en un delito de falsedad. «Se puede decir que estoy contento, no es para tirar cohetes, pero vamos ganando la batalla y poco a poco vamos demostrando que eran falsas la mayor parte de las acusaciones contra mí», dijo. Martín Alba, de 64 años, se vio obligado a prejubilarse para dedicarse por completo a su defensa en este caso, lamentó lo que se ha dilatado el proceso «más de nueve años». El exregidor pasó más de tres meses en prisión preventiva, que abandonó al depositar una fianza de 120.000 euros en junio de 2009.

Mayor pena ha tenido el que fuera asesor del servicio de Urbanismo de la Diputación, el arquitecto José Francisco Mora Lampérez, que ha sido condenado como autor del delito continuado de falsedad en documento oficial y documento oficial por destino a dos años y tres meses de prisión, multa de ocho meses a razón de 10 euros de cuota diaria e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años. Asimismo, el fallo judicial, contra el que cabe recurso de casación ante el Supremo, le condena como autor de un delito de actividades prohibidas a los funcionarios a tres meses de multa a razón de 10 euros de cuota diaria y suspensión de empleo o cargo público por un tiempo de seis meses.

Los demás condenados en el juicio son Francisco Lorca, por un delito contra la ordenación del territorio, a cuatro meses de prisión, multa de ocho meses (10 euros diarios) e inhabilitación especial para la actividad de construcción o promoción inmobiliaria por tiempo de cinco meses; José Quirós, por un delito continuado de cohecho, a cinco meses de prisión y suspensión de empleo y cargo público por un año y cinco meses; y Francisco José Torres, por un delito contra la ordenación del territorio, a cuatro meses de prisión, multa de ocho meses (10 euros diarios) e inhabilitación especial para la actividad de la construcción o promoción inmobiliario durante cinco meses.

Los seis condenados restantes han sido por conformidad y sus penas van desde un año y dos meses de prisión, la mayor, a sólo cinco meses de cárcel, la menor. El fallo declara de oficio las costas de los delitos que no han sido objeto de condena. En cambio hace recaer las mismas en los acusados que sí han sido condenados.

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