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Los diez concejales del PP, firmando la moción en su sede ayer lunes. SUR
Ciudadanos condiciona su apoyo a la moción de censura en Nerja a que el PP aparte a sus concejales investigados por el vertedero ilegal

Ciudadanos condiciona su apoyo a la moción de censura en Nerja a que el PP aparte a sus concejales investigados por el vertedero ilegal

La formación naranja asegura que no respaldarán el acuerdo para desbancar a la socialista Rosa Arrabal hasta que José Alberto Armijo, José Miguel Jimena y Nieves Atencia renuncien a sus actas

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Martes, 14 de noviembre 2017, 13:04

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El escándalo del vertedero ilegal del río de la Miel de Nerja, en el que están siendo investigadas por cinco presuntos delitos cerca de 40 personas, entre empresarios, políticos y funcionarios, está salpicando de lleno a la hasta ahora frustrada moción de censura que negocian PP y Ciudadanos para desbancar de la Alcaldía nerjeña a la socialista Rosa Arrabal, que gobierna en minoría, con el apoyo de IU y EVA-Podemos, desde junio de 2015.

Según han informado este martes a SUR fuentes de la formación naranja, el partido que lidera a nivel nacional Albert Rivera no suscribirá el acuerdo con los populares hasta que sean apartados los tres concejales que están siendo investigados en esta causa: el exalcalde y diputado provincial de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías, José Alberto Armijo, y los ediles Nieves Atencia y José Miguel Jimena, que fueron concejales de Medio Ambiente en varias de las cinco legislaturas en las que gobernó el PP, entre 1995 y 2015.

En el proceso también están siendo investigados la alcaldesa nerjeña y los ediles José María Rivas (PSOE), y Jorge Bravo (IU). Por el momento, únicamente ha sido citado a declarar en el juzgado, en calidad de investigado, Jimena, el próximo 29 de noviembre. El resto ya prestó declaración como investigados ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), el pasado mes de junio, y está a la espera de ser citados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox, que es el que lleva las diligencias del caso. Las fuentes de la formación naranja han resaltado que el código ético de C’s establece que "tienen que ser apartados todos los cargos públicos imputados por corrupción o por asuntos de gran interés público y social”.

El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha dicho que no van a apoyar la moción de censura hasta que se aparte al concejal José Miguel Jimena. En la jornada de ayer los diez ediles del PP firmaron el acuerdo, a la espera de que la única concejala de Ciudadanos, Mari Carmen López, lo rubrique. Sin embargo, la edil no acudió a la cita que, según los populares, habían fijado para por la mañana. No obstante, fuentes de la formación naranja recordaron que “nunca” se llegó a cerrar un acuerdo, como sí sostuvieron desde el PP.

Por su parte, fuentes de la dirección provincial del PP han asegurado a este periódico que su código ético “no permite apartar a nadie hasta la apertura de juicio oral”. “Aquí no habría en ningún caso nada que incurriera en corrupción política, sino que se trata de temas administrativos”, han matizado desde la formación que lidera en la provincia Elías Bendodo, al tiempo que han puntualizado que C’s “sabía en todo momento que se estaba investigando a estos concejales y nos mandaron aún así el texto de la moción de censura y el acuerdo de proyectos de gobierno para que lo firmemos”, han apostillado. Las fuentes del PP provincial han remarcado que en situación de investigada está también la alcaldesa, Rosa Arrabal, "y no propiciar la moción es mantenerla aún estando investigada”, han remarcado. “Nosotros proponemos una candidata a la Alcaldía que está limpia de ninguna sospecha”, han añadido.

En la denominada ‘operación Rubbish’ se investigan, en el caso de los políticos, presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, prevaricación administrativa y prevaricación omisiva. Por su parte, en el caso de la treintena de empresarios, se investigan además los presuntos ilícitos de fraude (valorado inicialmente en 2,5 millones de euros) y organización criminal (por la constitución de una sociedad para gestionar el vertedero ilegal, en el que se vertieron durante 18 años, entre 1998 y 2016, 800.000 metros cúbicos de todo tipo de residuos, sin ningún tipo de reciclaje). En el procedimiento está siendo investigado también el actual delegado territorial de Medio Ambiente, Adolfo Moreno, y una exsecretaria provincial de esta consejería, con iniciales C. M. C.

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